Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, está pasando por sus peores momentos políticos: la oposición está decidida a echarla y ha puesto en marcha un proceso de impeachment para destituirla. Dilma, que había llegado a una popularidad del 77% en el 2012, ganó las elecciones con un 42% el 2014 y actualmente ha llegado a bajar hasta el 11%. El desprestigio de la presidenta va aparejado a una recesión general del país, en todos los ámbitos. Brasil ha pasado en poco tiempo de ser considerado un actor internacional imprescindible, una potencia regional con grandes expectativas de crecimiento, a suscitar muchas inquietudes. El paro crece, la moneda ha caído, la inflación se dispara...

La herencia del PT

Durante los últimos lustros, Brasil ha experimentado un crecimiento continuado. El gobernante del Partido de los Trabajadores (PT) había conseguido que la situación del país fuera mejorando. Los sectores más desfavorecidos de la población se beneficiaron de algunas medidas significativas, como la "bolsa familia", un programa que ofrece ayuda económica a las familias más pobres y que llega a una cuarta parte de la población. Todo eso se había realizado sin perjudicar mucho a los intereses de las empresas. Las diferencias sociales, de hecho, seguían siendo muy grandes. Pero había ido surgiendo una clase media, muy potente en ciertas áreas del país. y empezaba a cuajar la idea de que Brasil acabaría convirtiéndose en un país dominado por la clase media.

El fin de un mito

Esta dinámica, que generaba un cierto consenso, se ha roto con la recesión. Los ingresos de muchos hogares han caído. Y las presiones para acabar con la "bolsa familia" se han incrementado. Empieza a estar claro que las clases medias, en vez de crecer, tienen tendencia a reducirse. Parece claro que Brasil seguirá siendo un país dividido entre ricos muy ricos y pobres muy pobres. Y eso ha creado mucha insatisfacción.

Un sistema presidencialista

Brasil tiene un sistema político presidencialista. El presidente es elegido por voto directo de todos los brasileños y tiene amplios poderes. Pero el presidente a veces tiene muchos problemas con las dos cámaras, la de los Diputados y el Senado, ya que en estos órganos es imprescindible una amplia alianza para poder gobernar. Los partidos minoritarios muchas veces tienen la clave de la gobernabilidad, y por lo tanto en ocasiones tienen una fuerte influencia desmesurada. Además de los partidos, en las cámaras se articulan grupos de presión  que son transversales y que pueden agrupar en miembros de diferentes partidos; es el caso de la "bancada agraria" (los representantes del agronegocio, partidario de reducir las leyes de medio ambiente y de protección a los indios), la "bancada evangélica" (los integristas de las iglesias evangélicas), o la "bancada del arma" (los partidarios de liberalizar la venta de armas en el país).

Gobernar con dificultades

Aunque Dilma Rousseff obtuvo una mayoría amplia en las presidenciales del 2014, su partido, el PT, tan sólo tiene 57 de los 513 diputados. Con sus seis aliados conseguía 198 escaños, de los 513 que hay en la Cámara de los Diputados. En total hay 22 partidos representados en esa Cámara. Los principales partidos de oposición a Dilma son el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña) y el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño).

Un sistema federal

Brasil es un Estado federal. Y eso permite que en algunas zonas se constituyan feudos de determinados partidos. Incluso en algunas regiones hay familias que controlan la política de la región desde hace generaciones. El sistema federal favorece que en el Senado a veces haya una mayoría diferente a la de la Cámara de los Diputados, ya que hay ciertos territorios con pocos votantes que tienen un número relativamente alto de senadores.

El escándalo Petrobras

En 2014 la Policía Federal de Brasil inició una investigación fiscal en una empresa de lavado de coches (Lava Jato) de Curitiba. Muy pronto se dieron cuenta de que se trataba de un negocio destinado, básicamente, al blanqueo de dinero. A través de esta investigación muy pronto la policía se dio cuenta de que buena parte del dinero a blanquear procedía de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña. Ante las dificultades para llegar a los responsables últimos del negocio, la fiscalía recurrió a la "delación premiada": los implicados que confesaban y delataban en los otros miembros del grupo recibían una reducción sensible de penas.

Financiación ilegal

El escándalo Petrobras tuvo cada vez más ramificaciones. Y quedó claro que muchos miembros de la élite política brasileña habían obtenido beneficios de la petrolera estatal. Esta empresa, de hecho, había subvencionado, simultáneamente, al partido del gobierno y a los partidos de la oposición desde hacía décadas. Muchos políticos que habían ocupado posiciones de responsabilidad empezaron a ser acusados de desviar dinero público. Entre ellos incluso está el expresidente del país, Fernando Collor de Mello. Las investigaciones derivadas del caso Petrobras han afectado también a las dos grandes constructores brasileñas: Andrade Gutierrez i Odebrecht.

Las movilizaciones

El escándalo de corrupción, sumado a la recesión económica, ha generado mucho malestar. El PT, que tradicionalmente había controlado la calle, ha visto con sorpresa como la oposición de derechas ha empezado a organizar actos multitudinarios en los espacios públicos. Con banderas del Brasil, y ropa verde y amarilla, los manifestantes protestan periódicamente contra el gobierno Dilma. Algunos, muy minoritarios, incluso reclaman la necesidad de un golpe militar. El PT ha movilizado a sus partidarios, que han organizado contramanifestaciones con ropas y pancartas de color rojo. Sin embargo, también muchos brasileños se han quedado en sus casas: cada vez hay más gente completamente desengañada de la política.

El impeachment, quizás legal, pero no legítimo

La oposición, viendo la debilidad del gobierno, ha decidido acabar con la presidencia de Dilma sin esperar el fin de su mandato. Para hacerlo han recorrido a un proceso de destitución (impeachment). Pero para poner en marcha este proceso, los diputados brasileños necesitaban demostrar que Dilma había vulnerado las leyes. Los diputados han optado por acusarla de maquillar las cuentas de la legislatura anterior. Si bien eso es posiblemente cierto, y es una mala práctica que habría que erradicar, es obvio que es una práctica muy común en gobiernos de todo signo y de diferentes países. Muchos de los que ahora abogan por el impeachment de Dilma habían dado apoyo a otros maquillajes de cuentas en legislaturas anteriores. E incluso hay juristas que consideran que, legalmente, una acusación de este tipo no puede dar pie a un impeachment.

El acusador acusado

Quien ha impulsado todo el proceso de destitución ha sido Eduardo Cunha, el presidente del Congreso, del PMDB. El problema es que Cunha está también implicado en el caso Lava Jato. Se le han descubierto cuentas millonarias en Suiza a nombre de su mujer y se cree que este dinero procede de sobornos. Es un individuo que podía gastar más de 5.000 dólares en una tienda de Chanel en una sola compra. Él argumenta que el dinero procede de sus actividades privadas como empresario, pero la fiscalía lo duda. Se ha negado a dejar la presidencia del Congreso pese a las críticas de muchos diputados. Sus aliados políticos lo han apoyado, a pesar del descrédito que su figura representa para todo el sistema parlamentario.

El futuro

Tanto la Cámara de los Diputados como el Senado ya han aprobado el impeachment y parece que el proceso saldrá adelante. En caso de destitución de la presidenta, el sucesor tendría que ser Michel Temer, del PMDB, pero es un personaje muy impopular. Ya hay quien propone la convocatoria de nuevas elecciones, pero para eso sería necesaria una reforma constitucional. Y parece que los partidos no están dispuestos a hacerla. De hecho, son muchos los diputados salpicados por casos de corrupción y todo parece indicar que los partidos tradicionales intentarán usar el poder para frenar los procesos judiciales contra ellos. El PT intentaba promover la figura de Lula, que todavía tiene mucho carisma, pero el hecho de que fuera acusado de enriquecimiento ilícito ha desgastado mucho su figura.

Una justicia bajo sospecha

En una sociedad profundamente dividida como la brasileña, todo el mundo es sospechoso. Las acusaciones de parcialidad llegan, también, a la justicia y a la policía de Curitiba, la que destapó el caso. Se les acusa de ser poderes fácticos aliados a la derecha "golpista" en su intento de derribar a Dilma y el PT. Se sospecha de la celeridad con la que actúa la justicia contra los políticos del PT, que contrasta con el estancamiento global de la justicia brasileña. El problema adicional es que Sérgio Moro, el juez que lleva la parte principal del caso, ha tenido un comportamiento poco profesional: ha filtrado algunas conversaciones grabadas a políticos del PT, y ha sido visto en una manifestación en favor del impeachment de Dilma.

Una sociedad dividida

La tensión no sólo ha quedado en la élite política. La sociedad brasileña en conjunto está muy afectada por todo este proceso. Dilma se presenta como la defensora de los desheredados. Sus partidarios alegan que el PT ha permitido la mejora de las condiciones de vida de los humildes, y creen que estos están en deuda hacia ellos y tienen el deber de votarles, frente a una derecha que amenaza los avances sociales conseguidos en los últimos años. Por su parte, algunos sectores de derecha se destacan por su clasismo. No es extraño oír a algunos políticos que hablan de "gente que no quiere trabajar" o de "gente que tiene hijos para disfrutar de ayudas sociales y no trabajar". Un conflicto, pues, con tendencia a enquistarse.