El ultraliberal Javier Milei, presidente de Argentina, sigue aplicando su hoja de ruta sin miramientos. El Gobierno de Argentina ha anunciado un veto en toda la administración pública para la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, bajo el argumento que "se ha utilizado como negocio de la política", solo unas horas después de que el Ministerio de Defensa también confirmara una medida similar. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha explicado que la medida implicará que las administraciones no podrán utilizar el lenguaje de género neutro o símbolos como la arrova o la equis. También se evitará "la innecesaria inclusión del femenino", ha afirmado el portavoz de Javier Milei ante los medios. "El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español", ha justificado Adorne, que no ve necesario introducir nuevas "estructuras" para dar cabida a otras sensibilidades.
El ministro de Defensa, Luis Petri, había establecido también el lunes "la obligatoriedad del idioma castellano, conforme a las normas de la Real Academia Española (RAE)", con el objetivo "eliminar formas incorrectas del lenguaje" que puedan generar una interpretación errónea" y afectar incluso al desarrollo de operaciones militares. "Las comunicaciones en el ámbito de la Defensa Nacional tienen que ser breves, claras y concisas de acuerdo con lo que establecen los reglamentos militares correspondientes", recoge una resolución del Ministerio, que advierte con medidas contra los que incumplan estas nuevas directrices.
Milei propone un proyecto para derogar la ley del aborto en Argentina
Las medidas ultraliberales del gobierno de Javier Milei no solo son económicas. De la misma forma que ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo, el gobierno ultra también está tratando de ilegalizar el aborto. El partido de Milei, La Libertad Avanza, presentó el pasado 8 de febrero un proyecto para derogar la ley del aborto, que se aprobó hace pocos años en Argentina después de décadas de lucha. El proyecto pide la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre del 2020 y promulgada el 14 de enero del 2021, y que el aborto sea un delito penal tanto para la mujer como para los que participen en la intervención. El texto no presenta eximente en los casos de violación, aunque deja a criterio del juez que disponga la excepción de la pena para la mujer "en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho". La mujer sería sancionada con una pena de prisión de uno a tres años.