La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha reclamado este miércoles siete años de prisión para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por haber recibido financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen de Moammar al-Gaddafi, o al menos haberlo intentado. La pena solicitada supera en dos años la condena dictada en primera instancia. El fiscal Rodolphe Juy-Birmann también ha pedido que Sarkozy sea inhabilitado durante cinco años para ocupar cargos públicos y que se le imponga una multa de 300.000 euros. Durante su intervención, el representante del ministerio público ha justificado la dureza de la petición asegurando que el exmandatario fue "el instigador de los hechos", pero también "el principal y el único beneficiario" de una operación que, según la acusación, tenía como objetivo facilitar su regreso al Elíseo.
Durante la exposición ante el tribunal, Juy-Birmann ha insistido en que los magistrados no se encuentran ante "un escenario cualquiera", sino ante "un pacto de corruptela al nivel más alto" que, a su juicio, se habría cerrado antes de que Sarkozy volviera a la presidencia de Francia. Según la Fiscalía, el acuerdo con el régimen de Gadafi implicaba que Sarkozy se comprometía a facilitar la reintegración internacional de Libia después de años de aislamiento diplomático. El ministerio público también reclamó que el exmandatario sea condenado por los cuatro delitos por los que está procesado, y no solo por el de asociación de malhechores, el único que el tribunal consideró probado en primera instancia el pasado año. En esa sentencia, Sarkozy fue condenado a cinco años de cárcel con ejecución provisional, lo que provocó su ingreso penitenciario durante veinte días antes de salir bajo control judicial. Además, los jueces le impusieron cinco años de inhabilitación por ocupar cargos públicos y una multa de 100.000 euros.
Entre los compromisos que, según la acusación, asumía París para favorecer los intereses de Libia a cambio de dinero, también estaba la posibilidad de intentar levantar el orden internacional de detención contra Abdallah Senoussi, cuñado y lugarteniente de Gadafi. Senoussi había sido condenado a cadena perpetua en Francia por su papel en el atentado contra un avión que explotó en pleno vuelo sobre Níger y que causó la muerte de 170 personas, entre ellas 54 ciudadanos franceses.
La defensa de Sarkozy lo niega todo
En una primera reacción ante los medios, el abogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, ha defendido la "perfecta inocencia" de su cliente y se ha mostrado convencido de que en los próximos quince días de alegatos de la defensa servirán para desmontar las acusaciones de la Fiscalía. Ingrain ha negado rotundamente cualquier financiación procedente del régimen de Gadafi y ha asegurado que "no hubo dinero libio en su campaña, no hubo dinero libio en su patrimonio" y que "su elección no estuvo sesgada".