Los primeros 500 millones de dólares obtenidos por la venta de petróleo venezolano bajo supervisión de Estados Unidos no han ido a bancos norteamericanos ni directamente a Caracas. Han acabado, según ha avanzado CNN, en cuentas bancarias en Qatar, un recorrido indirecto que busca acelerar la entrada de dinero en Venezuela, pero que a la vez abre un debate incómodo sobre transparencia, control y riesgos de corrupción.

La operación, confirmada esta semana por la administración Trump, es solo la primera de una serie de ventas que podrían generar miles de millones de dólares en los próximos meses o incluso años. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el dinero comenzaría a fluir hacia Venezuela casi de manera inmediata, y fuentes del sistema financiero venezolano indican que ya se ha detectado movimiento de liquidez en los bancos del país.

La decisión de depositar los fondos en Qatar no es menor ni improvisada. Venezuela lleva años prácticamente expulsada del sistema financiero internacional debido a las sanciones occidentales y a los múltiples litigios abiertos por la expropiación de activos petrolíferos. Cualquier ingreso que pase por bancos occidentales corre el riesgo de quedar bloqueado por acreedores que reclaman compensaciones pendientes.

Una vía para esquivar sanciones

Donald Trump ha insistido públicamente en que los ingresos del petróleo deben beneficiar a la población venezolana y no acabar en manos de acreedores internacionales. Por ello firmó un decreto ejecutivo que bloquea cualquier intento de imponer embargos, gravámenes o resoluciones judiciales sobre estos fondos. Según el texto, permitir estas interferencias “comprometería gravemente los esfuerzos críticos para garantizar la estabilidad económica y política de Venezuela”.

Situar el dinero en Qatar refuerza esta protección. El país del Golfo ha actuado en otras ocasiones como intermediario discreto entre Washington y gobiernos sancionados, y bancos qataríes ya tuvieron un papel similar cuando, durante la etapa Biden, se permitieron flujos limitados de dinero hacia Irán.

Según explicaba a la CNN el economista Alejandro Grisanti, los bancos qataríes tienen instrucciones de subastar los fondos a bancos venezolanos, con prioridad para alimentos, medicamentos y pequeñas empresas. El dinero sería recogido por el Banco Central de Venezuela y distribuido según criterios fijados por los Estados Unidos. Oficialmente, los ingresos deben financiar funcionamiento del gobierno, seguridad y suministros básicos.

La transparencia, el gran interrogante

Aun así, varios expertos consultados por la misma cadena estadounidense alertan de que este esquema, a pesar de ser funcional desde el punto de vista legal, reduce la capacidad de supervisión pública. Depositar el dinero fuera de Estados Unidos dificulta el seguimiento de los flujos y de los mecanismos de control anticorrupción.

Un analista en política venezolana, que recoge el mismo portal, lo resume con contundencia: sin un plan público de gobernanza, auditorías independientes y límites claros sobre quién controla estos recursos, el fondo corre el riesgo de funcionar como una caja opaca. No porque la administración Trump necesite necesariamente hacer un uso ilícito, sino porque el sistema crea espacios vulnerables a abusos. Las críticas también han llegado al Congreso. La senadora demócrata Elizabeth Warren ha cuestionado la base legal de crear una cuenta offshore bajo control presidencial, advirtiendo que es “exactamente el tipo de mecanismo que atrae a políticos corruptos”.

En un país con instituciones débiles, poder concentrado y un largo historial de corrupción, la pregunta no es solo cómo hacer llegar el dinero, sino quién garantiza su uso. Los millones del petróleo pueden aliviar la emergencia económica venezolana, pero si el camino es opaco, el riesgo es que vuelvan a alimentar las mismas estructuras que han llevado al país hasta aquí.