El régimen talibán de Afganistán ha aprobado una nueva legislación sobre el divorcio que, según activistas y organismos internacionales, podría consolidar legalmente los matrimonios infantiles y restringir aún más los derechos de las mujeres. La normativa, publicada recientemente por el gobierno islamista, ha provocado una fuerte reacción de grupos feministas y de Naciones Unidas, que denuncian un nuevo paso en la degradación sistemática de las libertades femeninas en el país.
La nueva ley establece limitaciones muy severas para que una mujer pueda divorciarse sin el consentimiento del marido. Diversas organizaciones afirman que esto afectará especialmente a las niñas obligadas a casarse de manera prematura, ya que si posteriormente denuncian que el matrimonio fue forzado, podrían no obtener el divorcio si el marido se opone. En la práctica, esto equivaldría a dar reconocimiento legal a los matrimonios infantiles, una práctica que ha aumentado de forma alarmante desde el retorno de los talibanes al poder en el año 2021.
Matrimonios forzados, en aumento
Actualmente, no existen datos oficiales sobre matrimonios forzados o de menores en Afganistán, pero diferentes investigaciones independientes apuntan a un incremento muy importante de los casos. Diversos activistas vinculan este aumento con la prohibición impuesta por los talibanes que impide a las niñas continuar estudiando más allá de los 11 años. Sin acceso a la educación ni expectativas laborales, muchas familias optan por casar a las hijas a edades muy tempranas, a menudo por motivos económicos o de presión social.
Algunas estimaciones informales calculan que cerca del 70% de las adolescentes que han quedado fuera del sistema educativo han sido empujadas a matrimonios precoces o forzados. De estas uniones, aproximadamente dos terceras partes involucrarían a menores de 18 años. Organizaciones de derechos humanos alertan que esta situación incrementa los casos de violencia doméstica, embarazos de riesgo y problemas psicológicos graves entre las víctimas.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha advertido que la nueva legislación "erosiona aún más los derechos de mujeres y niñas" y refuerza la discriminación sistémica dentro del sistema legal afgano. Según la representante del organismo, Georgette Gagnon, el decreto forma parte de una estrategia más amplia de los talibanes para limitar la autonomía femenina y restringir el acceso de las mujeres a la justicia.
Protestas, a pesar del peligro
La indignación también se ha hecho visible en las calles de Kabul, donde se han registrado protestas de grupos de mujeres a pesar del riesgo de represalias. Activistas afganas acusan al régimen de convertir la discriminación en una estructura legal consolidada. “Los talibanes no trabajan para garantizar seguridad ni justicia, sino para institucionalizar decretos misóginos y eliminar las libertades humanas”, denunciaba una activista identificada con el nombre de Fatima.
El gobierno talibán, sin embargo, ha rechazado todas las críticas. Un portavoz oficial aseguró en la televisión estatal que las protestas provienen de personas “hostiles al islam y al sistema islámico”. Esta respuesta refleja la línea dura mantenida por el régimen desde su llegada al poder, marcada por restricciones constantes a los derechos femeninos, como la prohibición de acceder a estudios superiores, trabajar en muchos sectores o circular sin acompañamiento masculino en determinadas situaciones.
Las consecuencias de esta política ya son visibles sobre el terreno. Este mismo mes, una chica de 15 años murió en la provincia de Daikundi después de meses sufriendo agresiones físicas de su marido. Según la familia, la menor había sido obligada a casarse con un primo y, a pesar de los episodios continuos de violencia, los líderes locales insistían en que debía continuar dentro del matrimonio. El caso ha vuelto a poner el foco internacional sobre la situación extrema que viven muchas niñas afganas bajo el régimen talibán.