La situación de las pensiones mínimas en España vuelve a quedar retratada a través de un testimonio que no es excepcional, sino que, por desgracia, es cada vez más habitual. Tomasa es una jubilada que cobra 650 euros de pensión al mes y, con ese ingreso, ha tenido que renunciar a algo tan básico como vivir sola. “No me da para tener mi casa”, explica, poniendo voz a una realidad que afecta a miles de personas mayores.

A sus más de 65 años, Tomasa comparte piso con otras tres mujeres en una vivienda alquilada. No se trata de una elección voluntaria ni de una decisión tomada por compañía, sino de una obligación impuesta por la imposibilidad de acceder a una vivienda. Si quisiera alquilar un piso para ella misma, aunque fuera pequeño, no podría pagarlo. El mercado del alquiler y el bajo importe de su pensión hacen imposible cualquier otra alternativa.

Una pensión que no alcanza para vivir sola

De los 650 euros que ingresa cada mes, 250 euros se van directamente en una habitación dentro del piso compartido. A partir de ahí, el resto del dinero debe repartirse entre comida, transporte, medicinas y gastos básicos del día a día. No hay margen para imprevistos, ni para ahorrar, ni para vivir tranquila. Tomasa, tras pagar la habitación, tiene que ajustar al máximo todo lo demás. Compra lo justo, evita gastos innecesarios y renuncia a muchas cosas. No puede permitirse casi nada fuera de lo estrictamente necesario. Una situación que, lejos de ser puntual, se ha convertido en su normalidad.

Pero el problema no es solo económico. La jubilada insiste en que compartir piso a su edad tiene un impacto emocional importante. No tiene intimidad, no tiene su espacio. Vivir en una habitación alquilada implica adaptarse a horarios, normas y dinámicas que no siempre son fáciles de asumir en la vejez.

La pérdida del hogar y de la intimidad

Para Tomasa, no disponer de un hogar propio supone una pérdida de autonomía y de dignidad. No es solo el dinero, es lo que le quita no poder vivir como quiera después de una vida trabajando. Su caso refleja un problema estructural: con pensiones de 650 euros es imposible acceder a una vivienda en solitario en la mayoría de ciudades y pueblos de España. Cada vez más jubilados se ven obligados a compartir piso o depender de familiares para poder llegar a fin de mes.

Así pues, la historia de Tomasa no es una excepción, sino una advertencia clara de lo que ocurre cuando las pensiones no se adaptan al coste real de la vida. Una vejez marcada no por el descanso, sino por la precariedad y la renuncia constante.