La Seguridad Social ha comenzado a revisar determinados expedientes de jubilación anticipada tras detectar errores relevantes en algunos cálculos previos. El foco del problema no se sitúa en todas las pensiones concedidas, sino principalmente en el sistema de simulación utilizado por los ciudadanos para estimar su futura prestación. Este mecanismo, diseñado para ofrecer una previsión orientativa, habría aplicado en ciertos casos coeficientes reductores que no se ajustaban a la normativa vigente.
La incidencia ha generado inquietud entre trabajadores próximos a la jubilación, especialmente entre quienes planificaban su retiro utilizando estas herramientas digitales. Las discrepancias detectadas no implican automáticamente que la pensión reconocida sea incorrecta, pero sí que han puesto de manifiesto que algunos cálculos previos mostraban penalizaciones superiores o inferiores a las que corresponderían según la ley.
Errores detectados en coeficientes reductores
El origen de estos cálculos mal hecho se vincula, en buena medida, a los cambios introducidos tras la reforma del sistema en 2022. Desde entonces, los coeficientes reductores por jubilación anticipada dejaron de aplicarse por tramos anuales y pasaron a calcularse mes a mes. Este nuevo modelo, más granular y técnicamente más complejo, exige una precisión absoluta en la parametrización de cada variable, algo que no siempre se produce al hacer uso del simulador.
Las inconsistencias más habituales se relacionan con la aplicación de coeficientes correspondientes a modalidades distintas de jubilación anticipada. En particular, se han identificado supuestos en los que el sistema no diferenciaba adecuadamente entre jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, o utilizaba bases regulatorias que no coincidían con las circunstancias reales del solicitante.
Revisión y corrección de expedientes
Ante esta situación, la Seguridad Social ha activado mecanismos de verificación cuando los ciudadanos presentan reclamaciones formales. En los casos en los que se acredita una aplicación incorrecta de la normativa, el organismo procede a recalcular la pensión y ajustar la cuantía reconocida. Este proceso no se ejecuta de oficio en todos los expedientes, sino que requiere la iniciativa del interesado, que debe impugnar el cálculo si detecta divergencias.
El procedimiento de revisión puede traducirse en incrementos de la pensión cuando la penalización aplicada fue excesiva, aunque también puede confirmar que el cálculo original era correcto. La Administración insiste en que se trata de incidencias puntuales derivadas de la complejidad técnica del nuevo sistema, no de un fallo estructural generalizado. Aun así, la situación ha reabierto el debate sobre la fiabilidad de los simuladores públicos y la necesidad de contrastar cualquier previsión con información personalizada y vinculante antes de tomar decisiones definitivas sobre la jubilación.