Luis Iturriaga nunca pensó que, tras más de cuatro décadas trabajando, su jubilación acabaría convertida en un motivo de indignación y de sufrimiento. A los 63 años, y tras haber cotizado 43 años a la Seguridad Social, se ha visto obligado a jubilarse de forma involuntaria. El resultado, según denuncia, es una reducción superior al 14% en la pensión que le correspondería si hubiera podido prolongar su vida laboral hasta la edad legal ordinaria.
La situación de Luis no es un caso aislado. Cada vez más trabajadores se ven empujados a una jubilación anticipada no deseada, generalmente tras despidos en edades cercanas a la jubilación. “He trabajado toda mi vida, he cumplido con el sistema, y ahora el sistema me penaliza”, lamenta. Una penalización que no es puntual, sino permanente, ya que ese recorte se aplica de por vida sobre la pensión.
La jubilación involuntaria y los recortes permanentes
Luis explica que no eligió jubilarse antes de tiempo. Fue una decisión forzada por su situación y por la dificultad real de reincorporarse al mercado de trabajo a partir de cierta edad. Sin embargo, la normativa actual no distingue, en términos prácticos, entre quien se jubila antes por voluntad propia y quien lo hace obligado por las circunstancias. El resultado son coeficientes reductores que castigan duramente la pensión mensual y condenan a la precariedad a muchas personas.
En su caso, ese más del 14% menos supone cientos de euros al mes. Una diferencia que, acumulada a lo largo de los años, se traduce en decenas de miles de euros perdidos. No es un ajuste menor, es un recorte que condiciona toda la economía.. Gastos básicos, imprevistos o incluso ayudar a la familia se vuelven decisiones mucho más complicadas.
Un problema que afecta a miles de trabajadores
El caso de Luis refleja un problema estructural que afecta a miles de personas en España. Trabajadores con largas carreras de cotización que, pese a haber aportado durante más de 40 años, ven reducida su pensión por no alcanzar la edad legal ordinaria. Una situación especialmente injusta, según denuncian muchos afectados, cuando la jubilación no ha sido una elección libre.
Luis reclama un cambio en el sistema que tenga en cuenta las largas carreras de cotización y la jubilación involuntaria. “No pedimos privilegios, pedimos justicia”, afirma. Su testimonio pone sobre la mesa un debate cada vez más presente sobre si es razonable que quienes han sostenido el sistema durante toda su vida laboral acaben castigados económicamente en el momento en que más protección necesitan.