Cándida Jiménez se jubiló a los 63 años obligada por una enfermedad que le impedía continuar trabajando. No fue una decisión voluntaria ni estratégica, sino una salida forzosa tras más de cuatro décadas cotizando al sistema. Aun así, su jubilación anticipada le ha supuesto una penalización del 13% en su pensión, un recorte que arrastrará de por vida. Ha trabajado más de 40 años y aun así la han penalizado.
La situación de Cándida refleja una de las grandes contradicciones del sistema de pensiones. Tras una larga carrera laboral, esperaba una jubilación digna que le permitiera vivir con tranquilidad. Sin embargo, la aplicación de los coeficientes reductores por adelantar la jubilación ha reducido de forma permanente sus ingresos mensuales, afectando directamente a su estabilidad económica y a su capacidad para afrontar gastos básicos.
Una jubilación forzada, no voluntaria
Cándida explica que no tuvo margen de elección. Su estado de salud empeoró hasta el punto de no poder seguir desempeñando su trabajo con normalidad. No se jubiló porque quisiera, lo hizo porque no podía más. Pese a ello, la normativa no distingue con claridad entre quienes se jubilan anticipadamente por voluntad propia y quienes lo hacen por una enfermedad que limita su capacidad laboral.
Después de más de 40 años cotizados, la penalización del 13% le resulta incomprensible. Y lo peor es que ese recorte no es temporal, sino permanente, lo que implica miles de euros menos a lo largo de toda su jubilación. Una situación que, en su caso, ha reducido drásticamente su margen económico mes a mes.
El impacto económico de un recorte permanente
La penalización ha tenido consecuencias directas en su día a día. Con una pensión más baja de la prevista, Cándida ha tenido que ajustar gastos, renunciar a ciertas necesidades y vivir con una constante preocupación económica. Este tipo de casos ha reabierto el debate sobre la equidad del sistema. Expertos y asociaciones de pensionistas cuestionan que se apliquen recortes tan severos a personas con carreras largas de cotización que se ven obligadas a jubilarse antes por motivos de salud. Consideran que el sistema no tiene suficientemente en cuenta estas situaciones y castiga doblemente a quienes ya están en una posición vulnerable.
Cándida insiste en que no pide privilegios, sino justicia. Para ella, el recorte del 13% no es un simple ajuste técnico, sino una decisión que ha condicionado su futuro económico de forma irreversible. Así pues, su caso pone sobre la mesa una realidad incómoda como lo es jubilarse antes por enfermedad, incluso tras más de 40 años cotizados, puede suponer una penalización de por vida que destruye la capacidad financiera de muchos pensionistas y deja al descubierto las grietas del sistema actual.