Tal día como hoy del año 1939, hace 79 años, la Dirección Provincial de Abastos de Barcelona publicaba una orden que decía textualmente: “Todo comerciante legalmente establecido puede y debe entrar en la ciudad las mercancías de comer, beber y arder que crea conveniente. Solo tiene la obligación de hacer la oportuna declaración en el negociado de Estadística de Abastos que reúne y totaliza al día todo movimiento de entradas en los mercados centrales y de distrito, en el matadero, en los almacenes y tiendas de la ciudad no solo a los fines estadísticos, sino a los fines de vigilancia e inspección”.
Aquella orden se publicaba, reveladoramente, al día siguiente de que el alcalde Miquel Mateu y el concejal de Abastos Aureli Joaniquet hubieran proclamado que el Ayuntamiento de Barcelona pasaba a garantizar formalmente el cobro a los proveedores de alimentos, sobre todo a los productores de harina. Aquella proclama, que había sido presentada como una operación de imagen (de compromiso con la lucha contra la precariedad y el estraperlo), ocultaba el verdadero propósito del régimen franquista: tener el control de los canales alimenticios, en un escenario fuertemente castigado por la precariedad y la infraalimentación, especialmente en las zonas urbanas, y usarlo como instrumento de dominación sobre la sociedad.
Este propósito se confirmaría los días inmediatamente posteriores, cuando en varias órdenes el régimen franquista pasaba a asumir un riguroso control, específicamente, de "la carne, volatería, conejo y caza" y sobre la leche y sus derivados. Con el pretexto de controlar el origen y el peso de los artículos, durante las semanas posteriores a la publicación de esta orden los productores y los comerciantes barceloneses serían objeto de una monstruosa ola de inspecciones, no exenta de amenazas y de agresiones, que cubriría con una capa de terror el comercio de alimentos de la ciudad.
Imagen: El mercado de Sant Antoni de Barcelona, en los años cuarenta / Ayuntamiento de Barcelona