Tal día como hoy del año 1939, hace 80 años, en el contexto de los días inmediatamente posteriores a la finalización de la Guerra Civil española (1936-1939), el delegado provincial de Falange Española en Barcelona proclamaba la necesidad de que todos los excombatientes del bando franquista ―que no continuaban vinculados al ejército― tenían que empezar a trabajar y de la obligación de inscribirse en unas listas disponibles en la sede falangista que les garantizaría un empleo. Aquella proclama se producía en pleno proceso de "depuración de responsabilidades" de los puestos de trabajo ocupados por personas de ideología catalanista y republicana.
Se da la paradoja de que la depuración franquista despidió a más trabajadores que posibles candidatos a suplantarlos. Sólo en la administración de la Generalitat fueron despedidos los 8.000 trabajadores supervivientes o no exiliados del conflicto civil. Sería a partir de entonces que, en Catalunya y especialmente en las "capitales de provincia" catalanas, se produciría un monumental desembarque de excombatientes franquistas y de personajes ideológicamente vinculados con el golpe de estado militar de 1936 ―procedentes de otros lugares del estado español― que pasarían a suplantar a los trabajadores catalanes que habían sido víctimas del procés de depuración ideológica.
Aquella maniobra tenía el doble propósito de satisfacer económicamente a aquella masa de elementos considerados "de adhesión inquebrantable al régimen" y, a la vez, desplazar de la centralidad social y condenar a la marginalidad económica a todas las personas de ideología catalanista y republicana. Los campos profesionales más afectados serían la administración pública (ayuntamientos y diputaciones), las escuelas y la universidad, los hospitales, las compañías de transporte de viajeros y las empresas de suministro energético. También, el régimen franquista depuraría y suplantaría ideológicamente a gran parte de las concesiones de venta de tabaco, de transporte de mercancías y de licencias de taxi.