Tal día como hoy del año 1939, hace 79 años, la Delegación Provincial de Abastos de Barcelona publicaba una orden que decía textualmente: “Los industriales panaderos procederán a la rápida confección de una nueva lista de clientes de sus respectivos establecimientos, detallando nombre y apellidos, domicilio, personas que integran la familia de cada cliente y el número de la ficha y sección del Plato Único. Dicha lista tendrá que ser fijada en sitio visible del establecimiento, a disposición constante del público, de los inspectores de Abastos y, en general, de cualquier agente de la autoridad; todos los cuales vienen obligados a denunciar inmediatamente cualquier infracción o abuso que se observara en el suministro del pan".

Esta orden se enmarcaba en la guerra que el régimen franquista había declarado al mercado negro de alimentos. Los estraperlistas eran duramente perseguidos no tanto por el hecho de especular con alimentos, sino porque en aquel contexto de precariedad y miseria de posguerra, el control sobre la alimentación (a través de la adjudicación de las cartillas de racionamiento) se había convertido en uno de los principales instrumentos de dominio sobre la población. Durante los meses inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Barcelona (26 de enero de 1939) la policía del régimen franquista y los paramilitares falangistas desplegarían una intensa labor de localización y detención de estraperlistas; y la prensa de la época lo destacaría casi a diario.

Aquella orden pretendía, también, que los panaderos se convirtieran en un brazo del sistema de control que había impuesto el régimen franquista, y decía textualmente: “Prohibiéndose que los panaderos entreguen pan a los clientes no incluidos en la relación de referencia, debiendo anular las tarjetas expedidas con anterioridad que no hayan sido diligenciadas en la forma expresada”.