Tal día como hoy del año 1949, hace 70 años, el gobernador civil de Barcelona, el falangista Eduardo Baeza y Alegría, ordenaba la ejecución de los militantes del PSUC Joaquim Puig i Pidemunt, Ángel Carrero Sancho, Pere Valverde i Fuentes y Numen Mestre i Ferrando. La prensa de la época, censurada por el régimen franquista, silenció totalmente aquel suceso. En cambio, al día siguiente de los fusilamientos, uno de los diarios de más tirada de Catalunya, destacaba en portada las normas de implantación del DNI que había dictado el régimen franquista; el choque entre un ciclista y un coche en Tortosa (Baix Ebre) en el apartado de sucesos, o la orden que había recibido la Guardia Civil de exterminar un bandada de cuervos en la sierra de Miramar (Alt Camp) en el apartado de información catalana.

Puig (Osor ―la Selva―, 1907), Carrero (Madrid, 1917), Valverde (Malgrat ―Maresme―, 1915) y Mestre (Pratdip ―Baix Camp―, 1923) formaban parte de la organización clandestina del PSUC en Barcelona. Los cuatro se habían alistado en el ejército de la República durante el conflicto civil español (1936-1939), a su conclusión se habían exiliado en Francia y habían combatido con la resistencia francesa contra la ocupación nazi (1939-1945) y al fin de la II Guerra Mundial (1945) se habían introducido en Catalunya para reorganizar el PSUC en la clandestinidad. Fueron detenidos en una batida policial en agosto de 1948, y juzgados y condenados a muerte el 14 de octubre de 1948. Fueron fusilados en el Campo de la Bota el 17 de febrero de 1949.

El fusilamiento de Puig, Carrero, Valverde y Mestre se produjo en un contexto de fuertes tensiones entre las diferentes familias ideológicas que se cobijaban bajo el paraguas del régimen ―carlinos, falangistas, juanistas y franquistas― y que en Barcelona tenía una especial visibilidad en la figura del gobernador Baeza (falangista) y del capitán general José Solchaga Zala (carlista). El relevo forzado de Solchaga por el capitán general Juan Bautista Sánchez González (juanista), poco después de los fusilamientos, no haría más que incrementar el grado de represión del aparato politico-militar-judicial del régimen franquista (detenciones, consejos de guerra y fusilamientos) en una carrera desbocada para la obtención de medallas y honores a base de represalias.