Tal día como hoy del año 1715, hace 303 años, el rey Felipe V ―el primer Borbón hispánico― invocando el "derecho de conquista" ordenaba la disolución del Gran y General Consejo ―que había sido el máximo órgano político y administrativo del Reino de Mallorca desde el 1249― y decretaba que el nuevo gobierno del territorio sería ejercido desde la Real Audiencia de Mallorca, hasta entonces el máximo órgano judicial del territorio, y que a partir del hecho quedaba subordinado al Consejo de Castilla. De esta forma se ponía la primera piedra para la aplicación del Decreto de Nueva Planta, que entraría en vigor cuatro meses y medio después, el 16 de marzo de 1716, dos meses después de haber sido promulgado en el Principat de Catalunya.

Como pasó en el Principat de Catalunya, también con la promulgación de la Nueva Planta la, a partir de entonces, Real Audiencia de Mallorca (con el nombre castellanizado), pasaba a ser dirigida por un capitán general, que concentraba todo el poder político, militar, administrativo y judicial. El primero de una larga nómina impuesta por el régimen borbónico sería el militar francés François Bidal d'Asfeld, que había dirigido el ejército francocastellano de Felipe V en la campaña de ocupación de Mallorca y Eivissa. Asfeld, que ya había dado muestras de su crueldad (se le atribuye la cita "No hay en Valencia suficientes árboles para enterrar a todos los traidores"), no tan sólo se ensañó con una brutalidad aterradora, sino que incumplió todas las capitulaciones que había firmado.

Después de la derogación de las instituciones de gobierno mallorquinas, la nueva administración borbónica desató una oleada brutal de represión (depuraciones, incautaciones, encarcelamientos) que afectaron a más de 3.000 personas, mayoritariamente, integrantes de los sectores sociales y económicos más dinámicos; y que sumiría Mallorca y Eivissa en un marasmo de quietud y de opresión que anticipaba una profunda crisis. En cambio Menorca, ocupada militarmente por los británicos durante la Guerra de Sucesión hispánica (1708), y que había quedado, definitivamente, bajo administración de Londres desde la firma del Tratado de Utrecht (abril de 1713) iniciaría uno de los periodos de máxima prosperidad económica y cultural de su historia.