Tal día como hoy del año 1939, hace 80 años, en el contexto de las semanas inmediatamente posteriores a la ocupación franquista de Barcelona, el alcalde impuesto por el bando sublevado Miquel Mateu y Pla firmaba un decreto que ordenaba el abono de las nóminas de los funcionarios municipales partidarios del golpe de estado militar muertos desde el inicio de la Guerra Civil (18 de julio de 1936) a sus familias. Aquel decreto decía textualmente: “Conceder a los familiares de los funcionarios asesinados por los rojos, el abono de las mensualidades dejadas de percibir por los mismos y las pensiones y las mejoras de pensiones que les corresponden”.
Al mismo tiempo, y en pleno proceso de depuración ideológica de las instituciones catalanas, aquel decreto priorizaba a los familiares beneficiarios de aquella medida, en la suplantación de las plazas funcionariales usurpadas a sus legítimos propietarios, y decía textualmente: “así como el derecho a ocupar los familiares que de él dependieran plazas que puedan resultar vacantes (las que habían sido objeto del proceso de depuración ideológica) en el Ayuntamiento". Aquellas medidas también se hacían efectivas “los funcionarios pasados a la España Nacional, a los encarcelados y a los que dejaron de prestar servicio para burlar las órdenes de movilización del gobierno rojo”.