Tal día como hoy del año 1705, hace 317 años, en el contexto de la crisis política y económica que conduciría a la revolución austriacista en el Principado (agosto, 1705), el rey Felipe V —el primer Borbón hispánico— imponía, por decreto, a Francesc Ignasi Huguet como primer fiscal de la Real Audiencia de Catalunya. Según las Constituciones de Catalunya, juradas por Felipe V en las Cortes de 1702, la provisión de este cargo tenía que ser por insaculación (sorteo) entre una terna de candidatos propuestos por las principales instituciones de gobierno del país. Para optar a insaculaciones (provisión de cargos públicos), las Constituciones de Catalunya consideraban imprescindible que el candidato fuera ciudadano honrado de Barcelona (la élite plebeya de la ciudad), miembro del estamento nobiliario catalán o de las jerarquías eclesiásticas del país.

Huguet no cumplía los requisitos para ser insaculado y, todavía menos, para ser elegido. Pero lo que pesaba era la parcialidad de los Huguet, que tenían una larga tradición familiar de colaboración con el aparato hispánico, sobre todo en episodios de conflicto con Catalunya. El abuelo de Francesc Ignasi había vendido provisiones a los hispánicos de Felipe IV, que habían masacrado la población civil catalana entre Tortosa y Barcelona, que habían sido derrotados en Montjuïc y que se habían refugiado en Tarragona (noviembre, 1640 - enero, 1641). El padre de Francesc Ignasi había participado en la represión contra "los barretinas" (una réplica de la Revolución de los Segadores, 1688). Y Francesc Ignasi había sido el redactor de los autos criminales contra los presos políticos austriacistas en Barcelona, durante la etapa de crisis previa al conflicto (1701-1705).

Felipe V envió una misiva al virrey Fernández de Velasco que este hizo enviar a la Generalitat; desestimando la petición de las instituciones catalanas de cesar, en buena ley, a Huguet. Felipe V y su cancillería se habían propuesto situar a sus partidarios en los puestos estratégicos del aparato judicial catalán, para no repetir el ridículo que habían hecho en el caso Jager (1702-1704). En aquel caso, los jueces borbónicos habían intentado la confiscación y expulsión de Arnold Jager, comerciante neerlandés naturalizado catalán, con categoría de ciudadano honrado. Jager había sido denunciado por mantener intercambios comerciales con los Países Bajos y con Inglaterra, principales socios comerciales de Catalunya, pero que Madrid había declarado enemigos del régimen borbónico. Las clases mercantiles del país se posicionaron contra la Corona, y Felipe V tuvo que recular.

Cuando el 9 de octubre de 1705, los borbónicos capitularon ante las tropas austriacistas que rodeaban Barcelona; Fernández de Velasco no incluyó a los Huguet en la lista de borbónicos que, en virtud de la capitulación, podían salir de la ciudad con la garantía de respeto a sus vidas. Tuvieron que escapar disfrazados.