Tal día como hoy del año 1716, hace 207 años, en Madrid; Felipe V, el primer Borbón hispánico, firmaba el Decreto de Nueva Planta; que consagraba la conquista militar española de Catalunya durante la Guerra de los Catalanes (1713-1714), la última fase de la Guerra de Sucesión hispánica (1705-1715). Cuando se publicó este decreto, ya hacía dieciséis meses que Catalunya había sido totalmente ocupada por el ejército borbónico franco-castellano; y que habían sido cerradas las instituciones de gobierno de Catalunya: la Generalitat, las Corts, y todos los gobiernos municipales del país (Consell de Cent, Concejalías, Consejos Municipales, etc.). Estas instituciones habían sido sustituidas, provisionalmente, por un mando militar, que había impuesto a Catalunya un estado de guerra permanente.

El 20 de junio de 1705, la sociedad catalana, a través del mayoritario partido austriacista, había repudiado a Felipe V, por los incumplimientos reiterados de los pactos suscritos a las Corts de 1701-1702; y por la prohibición de comercio con los principales socios de Catalunya (Inglaterra y Países Bajos) que amenazaba la ruina del país; y había firmado un pacto con Inglaterra y con la alianza internacional austriacista. El 9 de noviembre de 1705, las Corts —la máxima representación política del país— había nombrado a Carlos de Habsburgo, conde independiente de Barcelona. Y el 6 de julio de 1713, los Tres Comuns —el equivalente a las Corts y el precedente más remoto del actual Parlament; había votado la resistencia a ultranza. Por lo tanto, la ocupación militar borbónica, era una invasión extranjera en toda regla; totalmente contraria a la manifiesta voluntad del pueblo y de las instituciones políticas de Catalunya.

Aquel decreto confirmó la nueva arquitectura del poder ocupante en el país. El capitán general —nombrado por el Consejo de Castilla, equivaliendo al actual Consejo de Ministros—, era convertido en una figura omnipotente: asumía todo el poder político, militar y judicial de Catalunya. Los consejos municipales eran, definitivamente, abolidos, depurados y sustituidos por los "ayuntamientos" —de factura netamente castellana; y provistos por elementos afines al nuevo régimen. El aparato judicial corría la misma suerte: se centralizaba en la "Real Audiencia" que era provista, exclusivamente, con jueces y fiscales castellanos. Se aplicó una nueva fiscalidad, de carácter punitivo, que sería el origen del espolio fiscal en Catalunya. Las universidad fueron clausuradas. Y la lengua catalana estuvo prohibida en el ámbito público. Pasados tres siglos, ningún Borbón ha pedido perdón, ni los estatutos contemporáneos restauran el estado foral catalán liquidado con la Nueva Planta.