Tal día como hoy del año 1859, hace 163 años, las Cortes españolas reunidas en sesión plenaria votaban y aprobaban la propuesta del general O'Donnell, presidente del Gobierno, de declarar la guerra a la monarquía marroquí. El mismo día la reina Isabel II ratificó el acuerdo parlamentario. Pero aquella guerra, que se justificó por los ataques continuos del ejército real marroquí y de las tropas de las cabilas (las milicias privadas de los oligarcas rurales) contra las posiciones coloniales españolas de Ceuta y de Melilla, en realidad pretendía desviar el descontento con el gobierno liberal de O'Donnell por la profunda crisis económica que afectaba a la sociedad española.
En aquel momento, el Reino de Marruecos abarcaba la práctica totalidad de la superficie del actual estado marroquí (exceptuando los territorios ocupados del Sáhara Occidental) y una franja de desierto de Tinduf que, actualmente, pertenece al estado argelino. También, en aquel momento, el Reino de Marruecos estaba gobernado por el rey Mohamed IV, de la dinastía alauí, que promovía una política nacionalista y expansionista para ocultar los graves problemas de subdesarrollo y precariedad que afectaban a la sociedad marroquí. El reino marroquí de 1859 era una sociedad con una minoría inmensamente rica y con una mayoría inmersa en la miseria más absoluta.
El mismo O'Donnell tomó el liderazgo del operativo militar. El 28 de octubre, la Marina de guerra española bloqueaba varios puertos marroquíes. Y el 19 de noviembre el ejército español desembarcaba en la posición del Serrallo, cerca de Ceuta. Aquel conflicto duró, sólo, seis meses (abril, 1860); y se saldó a favor de los intereses del Gobierno, que impuso al gobierno marroquí una serie de condiciones. La más relevante sería que el estado español se declaraba titular a perpetuidad de las plazas de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la prensa nacionalista española exigiría al Gobierno conquistar Marruecos y someter a los marroquíes a un régimen colonial.