Tal día como hoy del año 1926, hace 95 años, la Gaceta de Madrid (el equivalente al actual Boletín Oficial del Estado) publicaba una "Real Orden" firmada por el rey Alfonso XIII, que ordenaba la destitución de la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona. Según las fuentes, aquella destitución era la reacción del gobierno del régimen dictatorial del general Primo de Rivera (1923-1930) a la publicación de una lista de colegiados en catalán. Desde que Primo de Rivera había perpetrado el golpe de estado que lo había situado en el poder (15/09/1923), el uso público de la lengua catalana o la exhibición de la bandera cuatribarrada, estaban prohibidas y perseguidas.
Según la prensa de la época, aquella "Real Orden" había sido cursada por el ministro de Gracia y Justicia del régimen dictatorial Galo Ponte y Escartín, un furibundo anticatalán que tenía un largo recorrido profesional en la administración penitenciaría de las antiguas colonias españolas de ultramar. Y la ejecución del orden -envío vía telegráfica a Barcelona- había sido a cargo del gobernador civil provincial impuesto por el régimen dictatorial de Primo de Rivera, el general Joaquín Milans del Bosch y Carrió; que, como Ponte, antes de aterrizar en la capital catalana había desarrollado un larga carrera profesional en el aparato colonial español.
Según la misma prensa, aquella destitución en massa afectaba a: “Decano, don Raimundo de Abadal y Caldero; diputado primero, don Francisco de A. Ripoll y Fortuno; segundo, den Alberto Bastendas y Sampere; tercero, don José M. Trías de Bes; cuarto, don Manuel Carrasco Formiguera; quinto, don José Barbery y Prats; sexto, don José M. Vilalta; tesorero, don Casimiro Casagran y Duran; contador, don Víctor Blajot y Romero; bibliotecario, don Fernando Valls y Taberner, y secretario, don Isidro Duran y Balada”. La prensa destacaba que Milans del Bosch había anunciado que la junta destituida sería sustituida por nombres que él mismo propondría al gobierno de Madrid.