Estaba compareciendo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para tratar de explicar los múltiples casos de corrupción que lo acechan cuando se hacía pública una segunda remesa de información comprometedora del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si en el primero, relacionado con el caso Plus Ultra, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo acusa de varios delitos de corrupción y de estar al frente de una organización criminal destinada al tráfico ilícito de influencias y blanqueo de capitales, ahora la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) añade a todo ello el cobro de 200.000 euros a través de una sociedad instrumental peruana por intermediar e influir para beneficiar los intereses del conglomerado empresarial Grupo Gloria en Bolivia.
La unidad policial específica para investigar delitos económicos y fiscales abre así la carpeta sobre sospechas de sobornos internacionales que habría recibido el expresidente. Los miles de mensajes de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar, algunos de ellos ya filtrados junto a su agenda de los años 2024 y 2025, son una mezcla de comentarios incómodos, dietario de viajes por dictaduras de América del Sur o China, notas informativas interesantes y asuntos personales que no se hubieran tenido que divulgar, como los días que iba a la peluquería, realizaba clases de inglés o tenía reuniones en su despacho. Que sean un filón las agendas y podamos saber al detalle lo que hacía cada día es entretenido, pero, en la mayoría de los casos, aporta poco a lo que el juez está investigando, aunque sirva de cotilleo. Se puede hacer lo mismo expurgando convenientemente los móviles y preservando la privacidad de lo que no es objeto de investigación judicial.
Dicho eso, el PSOE se equivoca cuando señala que hay una cacería contra Zapatero. Los hechos conocidos, a los que hay que añadir las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y que han sido tasadas por encima de 1,3 millones de euros y sobre las que el expresidente no ha dado ninguna explicación, son una realidad. Su antecesor en el cargo, Felipe González, ya ha señalado que lo mejor que podría hacer Zapatero sería devolverlas si quiere refugiarse en que fue un regalo de Arabia Saudí. Sorprendió la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, que, después de haber apostado todo a la inocencia de Zapatero, este miércoles adoptó una cierta distancia, como si supiera lo que venía de la UDEF, y dijo que no se podían sacar conclusiones con la investigación en marcha.
Sorprendió la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, que, después de haber apostado todo a la inocencia de Zapatero, este miércoles adoptó una cierta distancia, como si supiera lo que venía de la UDEF
Para Sánchez, las acusaciones de corrupción son de tres tipos: esta de Zapatero; la de los ya condenados Ábalos y Koldo, que los circunscribe a su actuación personal y aleja tanto del PSOE como del Gobierno, del que el primero fue ministro de Transportes; y los de su propia familia, su esposa Begoña Gómez, que este miércoles por la tarde entregó su pasaporte y no puede salir al extranjero, juzgada por el magistrado Juan Carlos Peinado y que puede verse sentada en el banquillo frente a un jurado popular en los primeros meses del año próximo, y su hermano David, a espera de sentencia por la Audiencia Provincial de Badajoz. En ambos casos, sostiene que son casos de lawfare judicial por ser miembros de su familia.
La línea, por tanto, ya está clara: la judicatura va contra su familia sin pruebas y los dirigentes del partido o del Gobierno son casos individuales. Esa segunda línea le vale por ahora, aunque se destruye si es el PSOE el acusado directamente de financiación ilegal. Una línea roja a la que los socialistas parecen acercarse peligrosamente.