Por más explicaciones jurídicas que se den, cuesta mucho entender que el juez de El Vendrell haya prorrogado seis meses más la investigación del denominado caso Montoro, iniciada hace ocho años para aclarar la implicación del exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, junto a otras 27 personas más, en una supuesta red de tráfico de influencias con una patronal del sector del gas. En España han pasado y están pasando demasiadas cosas en los juzgados para que consideremos el plazo de ocho años más una nueva prórroga un tiempo prudencial. Es normal que la opinión pública, cuando ve estas cosas y compare con otras situaciones, pueda llegar a pensar que otro gallo cantaría si no estuviera por en medio Montoro, aquel turbio ministro de Hacienda de voz aflautada en una época nefasta para la política y que fue el inductor de situaciones extremas que aún estamos viviendo, como la creación del Fondo de Liquidación Autonómico (FLA), que, en definitiva, fue lo más parecido a la estafa del tocomocho, el timo callejero basado en un billete de lotería falso.
En este caso, el FLA era un timo más sofisticado, pero un timo al fin y al cabo. El Estado te esquilmaba con una financiación injusta, tú (Generalitat) no podías hacer frente a los pagos, te prestaban un dinero a cambio de tomar el control de tus cuentas públicas y, para rematar, te cobraba intereses por el préstamo. Como timo, realmente está bien pensado y ha durado tanto que aún lo estamos pagando, y ahora, generosamente, se nos dice, diez años después, que se nos va a condonar una parte de la deuda de la Generalitat con el FLA. Y técnicamente es así; otra cosa son las causas en que se produjo y que explican que el sistema de financiación autonómica vigente date de 2009 y que el compromiso de renovación quinquenal lleve más de 12 años de retraso. Ahora, pero ese es otro debate, el Ministerio de Hacienda presentó en enero del presente año una nueva propuesta de reforma del modelo ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la cual continúa en debate político sin aprobación definitiva.
¿El caso Montoro avanza a paso de tortuga? Hay un dato que lo respalda y que no es discutible: ocho años de instrucción y todavía no se ha tomado declaración al principal investigado
Pero volvamos a Montoro y la lentitud con que avanza el caso. ¿Avanza a paso de tortuga? Hay un dato que lo respalda y que no es discutible: ocho años de instrucción y todavía no se ha tomado declaración al principal investigado, Cristóbal Montoro. El propio auto de prórroga reconoce que aún faltan por declarar 17 investigados, entre ellos el exministro. Cuatro apuntes a pie de página que refuerzan esta línea: la investigación comenzó en el año 2018; el sumario permaneció siete años bajo secreto de sumario y, una vez levantado ese secreto, el procedimiento ha seguido avanzando con una lentitud exasperante; en 2026, ocho años después, todavía no ha terminado la fase de instrucción y el juez acaba de conceder otra prórroga de seis meses porque dice que quedan diligencias esenciales pendientes. No solo eso, sino que, pese a la nueva prórroga, desde el levantamiento del secreto apenas consta que se hayan practicado nuevas diligencias relevantes. Incluso se ha llegado a publicar que seguían pendientes recursos presentados meses antes y que todavía no se había señalado fecha para las declaraciones.
El propio juez se ha defendido señalando que se han presentado decenas de escritos y recursos, una circunstancia que ha dificultado la tramitación y que ha impedido incluso fijar las declaraciones de algunos investigados. Pero todo ello cuesta que sea creíble y, mucho menos, entendible por la opinión pública. Y si en medio está implicada una persona pública tan relevante como el exministro Montoro, la exigencia de una celeridad mayor es obligada, ya que hay casos que generan una alarma social y ese es uno de ellos. El hecho de que reciba un tratamiento mediático más suave que otros casos que afectan a las filas socialistas ya es de por sí llamativo. La justicia decidirá si es inocente o culpable, pero además de una sentencia justa, debe hacerse en tiempo y forma para que también se aplique justicia. Lo contrario solo hace sospechar que hay dos tipos de raseros, en función de quién sea la persona juzgada, y eso no acaba siendo bueno para los tribunales.