El espectáculo de dos ministros casi a la misma hora ofreciendo dos versiones sobre cuál era el nivel de información del Gobierno español el pasado día 30 de julio, cuando se produjo la invasión de Ceuta, es tan o más preocupante que lamentable. No estamos hablando de alguno de estos miembros del Gobierno que se sientan en el Consejo de Ministros y nadie sabe su nombre. Sino de dos auténticos supervivientes desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en junio de 2018. Margarita Robles, ministra de Defensa, en el Congreso de los Diputados; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, en el Palacio de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros. Tan solo unos minutos, menos de una hora, separaron una y otra intervención y ambas, contradictorias, fueron en lugares lo suficientemente importantes para que eso no pasara.
Es evidente, por tanto, que uno de los dos miente y que el espectáculo es todo menos edificante. Propio de un gobierno sin liderazgo, a la defensiva y que aparenta caerse a pedazos. Muchos ministros se desangran en una gestión ineficaz de sus departamentos, otros se pelean entre ellos y, en un tercer bloque, por ahora en solitario, Óscar Puente se postula como sucesor de Sánchez y abre la veda contra Felipe VI. Habrá quien diga que todo ello es propio del final de etapa en que nos encontramos, según las encuestas. Pero, como nadie aventura con certeza un calendario electoral factible, lo que nos espera por delante a pocos días del inicio del curso político es lo más parecido a un circo.
Muchos ministros se desangran en una gestión ineficaz de sus departamentos, otros se pelean entre ellos y, en un tercer bloque, por ahora en solitario, Óscar Puente se postula como sucesor de Sánchez
Y, mientras sus ministros se pelean, Pedro Sánchez guarda silencio. Sería bueno que supiéramos quién de los dos miente y cuál es la información que el presidente del Gobierno tenía a través del CNI. La versión de Robles en el Congreso ha tenido pelos y señales. El 29 de julio, un día antes de la invasión, funcionarios del CNI, desplegados en Ceuta, habían avisado a la Delegación del Gobierno en Ceuta. La advertencia era clara: había una convocatoria de invasión para el 30 de julio, entrarían a nado y la fecha elegida era para coincidir con la fiesta del Trono de Marruecos que aquellos días se celebraba no muy lejos de allí en el aniversario de la entronización de Mohamed VI.
Su compañero de gobierno, que comparecía en Moncloa —lo hará a finales de semana en el Congreso—, negó insistentemente que hubiera ningún informe de que el día 30 fuera a suceder lo que acabó pasando y que algún servicio de información, ni español ni aliado, atisbara nada parecido. La versión del ministro del Interior parece claramente, al menos a día de hoy, la más endeble. Porque si lo sabía la delegación del Gobierno a través del CNI, con informe o no, y teniendo en cuenta que depende del Ministerio del Interior, ¿hubo negligencia? Da la impresión de que los dos ministros están tratando de levantar un muro que proteja su actuación, no solo por razones políticas, sino también judiciales. Porque, a buen seguro, será allí, en los tribunales, donde acabará este peliagudo asunto.
Y por cierto, un grupo de hackers llamado Jabaroot ha publicado los nombres, número de identificación personal y otros datos de miles de agentes de las agencias de espionaje interior y policía de Marruecos. La información obtenida por los hackers, la mayor brecha de seguridad de los servicios marroquíes, podría contener archivos de Pegasus, según ellos mismos. Españoles, por descontado. ¿Pero cuáles?