Es norma bastante habitual de cualquier president salir en defensa de un colaborador y, desde ese punto de vista, que el president Salvador Illa haya arropado a la consellera d'Educació, Esther Niubó, después del fiasco de las pruebas PISA no debería escandalizar a nadie. Ningún president deja a los pies de los caballos a un miembro de su gobierno en plena crisis, ni suele cesarlo en el pico de crisis. Otra cosa es cómo actúa en las semanas y meses siguientes. Se pueden contar con los dedos de una mano en Catalunya los que han sido despedidos en pleno directo en los 46 años de autonomía. Me viene a la memoria un cese muy sonado ejecutado en un plazo muy breve por el president Pasqual Maragall en enero de 2004. El 26 de enero se publicó la noticia de que Josep Lluís Carod-Rovira, entonces vicepresident, se había reunido en Perpignan con representantes de ETA y en 24 horas fue fulminado de su gobierno.
Pero esa es la excepción y, seguramente, Maragall hubiera reaccionado de otra manera si no hubiera habido una fuerte reacción del PSOE y también en Catalunya. Ahora, seguramente, en el mejor de los casos, el president Salvador Illa esté pensando en un cese en diferido y lo primero que ha hecho ha sido remitirse a las explicaciones que este mismo lunes dará la consellera en el Parlament. Niubó no lo va a tener nada fácil para explicar la cadena de errores que el Departament sostiene que se han producido, más allá de las críticas de la oposición, que le pedirá su dimisión. Será la tercera vez que se enfrente a una situación política comprometida en los menos de dos años que lleva en el cargo: en julio de 2025 fue cuestionada por el caos en la adjudicación de plazas de maestros y tuvo que pedir disculpas. Este año, con un curso escolar lleno de sobresaltos y de huelgas, también Junts, PP, Vox y la CUP pidieron su dimisión, sin que la iniciativa saliera adelante.
Niubó no lo va a tener nada fácil para explicar la cadena de errores que el Departament sostiene que se han producido, más allá de las críticas de la oposición, que le pedirá su dimisión
De ahí la incerteza de lo que ahora pueda suceder en el Parlament y la posición de Esquerra y los Comuns, que la apoyaron en el pasado, aunque no obligue a nada al president. Lo primero que tendrá que aclarar la consellera es cómo ha podido ocurrir un hecho tan grave como lo ocurrido con PISA 2025 y que se superara tan ampliamente el porcentaje de alumnos excluidos, cosa que ha distorsionado los resultados. Si la OCDE solo admite un porcentaje de exclusiones del 5 %, ¿cómo puede ser que de los 2.545 alumnos catalanes de 15 años seleccionados, quedaran exentos 591, alrededor del 23 %? ¿Puede producirse un error tan grande? ¿Cómo es que no se generó ninguna alerta? ¿No había nadie revisando los datos antes de cerrar el proceso y evitar el ridículo que hemos hecho?
Pero eso no es todo: ¿Por qué la Generalitat ha esperado tanto tiempo a hacerlo público, cuando la OCDE se lo había comunicado al Ministerio en marzo de este año? Después de los malos resultados de PISA 2022 (dados a conocer en diciembre de 2023), que fueron los peores de Catalunya desde que participa en el estudio, es minimizar lo ocurrido hablar de una incidencia técnica. En ese último estudio, Catalunya quedó cuatro puntos por debajo de la media española en matemáticas, 12 puntos por debajo en lectura y 8 puntos por debajo en ciencias. Por eso PISA 2025 era tan esperada y tenía que ser un indicador para saber si algo había mejorado. Era obvio que los controles se tenían que haber reforzado. ¿Por qué no se ha hecho?
Ha habido, al menos, un problema grave de seguimiento para haber llegado a la situación en la que nos encontramos. ¿Nadie pudo darse cuenta de que se multiplicaba por más de cuatro el porcentaje de excluidos? ¿A quién se le encargó la revisión de todo el proceso para no llegar a una situación tan crítica? Demasiadas negligencias técnicas en una cosa tan importante que había que custodiar sin fallo alguno.