El juez Manuel Marchena ha reaparecido y lo ha hecho quedándose el Tribunal Supremo una causa contra el president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, para investigarlo por el delito de terrorismo en el sumario de Tsunami Democràtic. De nada ha valido el informe de la teniente fiscal enmendándole a los fiscales de sala de dicho tribunal su opinión, prácticamente unánime, de que debía abrirse una causa por terrorismo. Es más, la sala segunda del Supremo le da validez a la postura de la junta de fiscales y deja de lado la postura oficial de la Fiscalía. Como si se tratara del M1 Abrams, el mejor carro de combate del mundo, la apisonadora judicial aplasta todo lo que tiene a su alrededor y el Madrid de la judicatura cinco estrellas parece haber decidido que toca anar per feina en medio del ajuste de cuentas nada disimulado para tumbar al gobierno español y acabar lo antes posible con la carrera política de Pedro Sánchez.

La exposición de 32 páginas de la Sala de lo Penal del Supremo, en las cuales se desarrolla la evolución del delito de terrorismo en el Estado español con la única finalidad de argumentar la imputación del president en el exilio, Carles Puigdemont, por el caso de Tsunami Democràtic, es realmente sorprendente. Si no fuera porque ya lo hemos visto casi todo y la capacidad de sorpresa acaba siendo nula. Hay en ella un giro jurídico más propio de un escrito de una novela de ciencia ficción que de una resolución judicial. No se le acusa por lo que hizo, sino por lo que no hizo y con un argumento imposible de mesurar. Así, se admite que no hizo ninguna actuación concreta, ni dio ninguna orden de provocar disturbios, pero se le encausa por omisión y no haber usado su "apoyo carismático" para ordenar que se pararan las protestas contra la sentencia del procés, en otoño de 2019.

Con este movimiento del Supremo se pretende enviar un mensaje a los negociadores de la amnistía de que habrá no pocos independentistas que quedarán fuera

Ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre las varas de medir un apoyo carismático, y reconozco que cada vez que lo he visto escrito me ha provocado hilaridad, si no fuera porque el tema es muy serio y tiene una clara intención penal. También debo reconocer que el apoyo carismático es, por un lado, un intangible, pero por otro, un valor imprescindible en un dirigente político. Difícilmente te puedes defender si eres un expresident de la Generalitat. ¡Cómo dices que no tienes apoyo carismático! Y lo que es peor, ¿quién te va a creer? No es esa la única perla del escrito, ya que, por ejemplo, en sus esfuerzos por equipar Tsunami Democràtic a la kale borroka le adjudica de movimiento, cuando era una plataforma tecnológica anónima. Porque en ningún sitio se establece una jerarquización de la plataforma ni se detalla quiénes son sus responsables.

Es obvio, además, que con este movimiento del Supremo se pretende enviar un mensaje a los negociadores de la amnistía de que con los redactados que se han ido conociendo —básicamente el que fue rechazado por el Congreso hace unas semanas porque el que ahora se está ajustando se desconoce— habrá independentistas, y no serán pocos, que quedarán fuera. Siguen sobrando terrorismo y traición, aunque no hubiera hechos imputables al movimiento independentista ni de terrorismo ni de traición. Eso es así desde que se anunció el pacto de investidura de Pedro Sánchez y ahora se ve con mayor nitidez que el acuerdo del pasado mes de noviembre despertó, como no se había producido desde la época de Adolfo Suárez, a todo el estado durmiente contra un presidente del gobierno. Y ha habido la combinación perfecta con la explosión —perfectamente orquestada— de la corrupción por el caso de la compra de mascarillas, que ya tiene varias víctimas socialistas.

Porque si primero fue un exportero de un prostíbulo y su protector, el exministro José Luis Ábalos, este ya ha señalado a la presidenta del Congreso Francina Armengol, al tildar de estafa lo que hizo cuando era presidenta de las Illes Balears, ya que sí que se produjo un perjuicio a las arcas públicas. Y calentando en el banquillo para ocupar los próximos titulares figura el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, que supuestamente también cambió contratos para pagar las mascarillas con fondos europeos. Realmente, el PSOE no está ante una lluvia fina de malas noticias; es el diluvio universal.