Nuevo revés a la justicia española: el tribunal de Gante ha denegado la entrega automática del rapero Valtònyc como pedía la Audiencia Nacional y ha aplazado hasta el próximo 3 de septiembre una decisión más definitiva. Josep Miquel Arenas, así se llama el rapero mallorquín, fijó su residencia en Bélgica el pasado mes de mayo después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena de la Audiencia Nacional a tres años y seis meses de prisión por la letra de sus canciones por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona. Compareció ya en julio ante el tribunal que juzga el caso que le dejó en libertad, igual que este martes, a la espera de la decisión judicial de septiembre.

Ya no es una novedad que la justicia europea no dé la razón a la justicia española. Pasó con los presos políticos catalanes, con euroordenes en diferentes países, que fueron retiradas por el juez Pablo Llarena una vez la justicia alemana descartó el delito de rebelión del president Carles Puigdemont y tan solo se abrió a estudiar si había habido malversación, una pena con un castigo mucho menor y difícilmente sostenible por la acusación después de que haya sido descartada por el gobierno español. De hecho, solo es sostenida la malversación en los informes de la Guardia Civil.

En el caso de Valtònyc, aunque la sentencia de la justicia española dice lo contrario, parece bastante evidente que estamos ante un ejercicio de libertad de expresión por parte del rapero en la letra de sus canciones y que no puede ser encuadrado como un delito de terrorismo y todo el resto de acusaciones por las que es condenado. El caso del rapero mallorquín tiene una singularidad respecto a los presos catalanes: Valtònyc ya ha sido juzgado y condenado sin que quepa recurso alguno en ninguna instancia mientras que los dirigentes independentistas aún se encuentran a la espera de juicio los que están en prisión y como ciudadanos libres a todos los efectos los que escogieron abandonar España.

El hecho de que Valtònyc deba comparecer el día 3 y el magistrado del Supremo Pablo Llarena el día 4 por la demanda civil de los consellers exiliados vuelve a situar una espada de Damocles sobre la justicia española. Todo ello en medio de la irritación de la derecha política, los medios de comunicación madrileños y la alta judicatura que se encuentra atrapada en la red que ellos mismos tejieron al dejar que la política la hicieran los jueces. Sus miedos y sus errores los acabamos pagando todos.