Aunque lo más cercano al acuerdo entre el PSOE y Sumar es un papel mojado, carente en algunos aspectos de posibilidad alguna de ser llevado a cabo, no deja de ser llamativo cómo desde la formación de Yolanda Díaz se escenifica a diario la ambición por coger una parte del pastel. En este último caso, qué ministerios aspiran a tener en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un momento en que el presidente en funciones ya ha validado públicamente la necesidad de una amnistia en el comité federal de su partido. Hay que reconocer que Sumar, en este complejo tablero político español, siempre ha ido un paso por delante, sabiendo que, a la hora de la verdad, cuando la negociación fuera de verdad, ellos quedarían fuera del foco.

Lo hicieron con la amnistía, cuando Díaz tomó el avión a Bruselas para entrevistarse con el president Carles Puigdemont y la vicepresidenta causó más de un enfado en algunos despachos de Madrid. Pero nadie le quitó el protagonismo en aquel momento. Ahora, con las negociaciones sobre la investidura aún sin completar y con temas relevantes sin resolver, han saltado pantalla y se han ido directamente a especular con el reparto de los ministerios que aspiran a ocupar, teniendo en cuenta que actualmente cuentan con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economia Social (Yolanda Díaz); el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Ione Belarra); de Igualdad (Irene Montero); Consumo (Alberto Garzón) y Universidades (Joan Subirats). Ninguno de los ministerios considerados de Estado —Exteriores, Defensa, Interior y Justicia— y lejos de los ministerios empresariales, ya que el de Trabajo no puede ser considerado estrictamente así.

Este sábado, la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha ampliado el perímetro de poder que plantean en el próximo Gobierno y ha citado Vivienda, Igualdad, Industria y Trabajo. Hoy por hoy, Vivienda está en el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que lidera la dirigente del PSC Raquel Sánchez, e Industria, Comercio y Turismo también está en manos del PSOE. No es un debate baladí, ya que las relaciones entre el sector empresarial y la Moncloa están especialmente tensionadas. Por ejemplo, después de que se hiciera público el documento entre el PSOE y Sumar, la petrolera Repsol anunció que se llevaría nuevas inversiones a Portugal si el impuesto extra a las energéticas que considera ilegal y discriminatorio —y es especialmente lesivo para la compañía de Brufau e Imaz— se mantiene y que en lo que llevamos de año ha pagado 450 millones. Esta tasa extra pone en peligro dos inversiones importantes en Catalunya, concretamente en Tarragona, que suman más de 1.000 millones de euros.

Esta situación es especialmente peligrosa y llueve sobre mojado después de que Ferrovial se haya llevado su sede social a los Países Bajos, en un polémico cambio que no ha hecho, sino agrandar el malestar empresarial. Sería lógico, si hay investidura de Pedro Sánchez, que PNV y Junts per Catalunya, que no son ni Bildu ni Esquerra, hicieran de contrapeso a Sumar en materia económica y las medidas más populistas tuvieran menos peso. Curiosamente, sectores del PSOE también esperan que eso sea así, y por ello ya han trasladado a Sumar que los equilibrios en esta legislatura, si llega a haber gobierno, no irán hacia la izquierda. Veremos.