Esquerra Republicana de Catalunya ha hecho oficial este miércoles un acuerdo global con el gobierno español que permitirá definitivamente al PSOE asegurarse la tramitación de los presupuestos generales del Estado. A cambio del voto favorable de sus senadores, los republicanos han anunciado que se destinarán 15 millones de euros a producción audiovisual en catalán, euskera o gallego, que pagarán las plataformas independientemente de donde tengan su sede ―aquí sí que afectaría a Netflix o HBO Max, por citar dos― y la creación de un fondo de doblaje y subtitulado. Los republicanos consideran que estos dos acuerdos en materias tan sensibles como los presupuestos y el audiovisual "permiten dotar de estabilidad, fuerza y constancia el proceso de negociación comenzado entre Catalunya y el Estado, seguir con la oportunidad abierta de trabajar para construir una resolución democrática al conflicto político".

Más allá de entrar en los detalles del acuerdo, una previa: lo que al inicio de la negociación debía regularse por ley a través de unas cuotas que debían cumplirse imperiosamente ―así se presentó públicamente y ese es, obviamente, uno de los problemas que afecta a la credibilidad total del acuerdo― se ha transformado en un porcentaje del 5% de los beneficios declarados en producción audiovisual europea. No es exactamente lo mismo, ni tiene la misma fuerza, ni el castellano tiene el mismo tipo de regulación. La experiencia demuestra que no es bueno dejar estas cosas al albur de los acontecimientos y que una satisfacción tan rotunda por parte del PSOE y de la plataformas internacionales es, cuando menos, sospechosa.

Me gustaría confiar en Sánchez, pero, la verdad, engañaría a mis lectores. Y las plataformas audiovisuales internacionales no son tan diferentes a lo que hace dos décadas eran las majors cuando el entonces president Jordi Pujol viajó a Washington para tratar de rebajar sus pretensiones y conseguir un acuerdo favorable al amplio doblaje de la mayoría de películas al catalán. Seguí aquel viaje a Estados Unidos como periodista y no hubo ni siquiera partida, ya que no era un conflicto entre iguales y la fuerza solo la tenía Hollywood. Debieron encontrarse otras fórmulas para paliar la sensación de derrota a través de ayudas al doblaje y no de las cuotas o sanciones en caso de incumplimiento. Pero lo cierto es que, 20 años después, lo único que queda es que fue un agrio final.

Curándose, seguramente, en salud, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que ha estado muy encima de las negociaciones, ya había avanzado unas pocas horas antes del acuerdo que sería bueno pero peor del que ellos querrían. La idea de fondo para financiar la producción en catalán es, sin duda, una salida y el concepto nada desdeñable. La cantidad económica se antoja insuficiente y, depende de cómo, volátil. Todo lo que no sea una ley fijando algo que sea imposible reinterpretar o que sea tan etéreo como un porcentaje de los beneficios tiene riesgo. El primero, porque otro gobierno, otro ministro o ministra u otra situación parlamentaria diferente puede no jugar a favor. Ejemplos de ello los hay para dar y vender y no hay nadie mejor que los abogados del Estado redactando cosas que parecen una y después acaban siendo otras. La ley Celaá, tantas veces citada estas últimas semanas, se aparece cual fantasma deambulando por la inmersión lingüística un día sí y otro también.