La sentencia de la Audiencia de Palma que básicamente condena a una multa a la infanta Cristina y a seis años y tres meses de prisión a su esposo, Iñaki Undargarin, no despeja los principales interrogantes desde que se conoció el caso ahora hace diez años. El primero ya quedó fuera de cualquier iniciativa procesal y afecta al papel del rey emérito, Juan Carlos I, en toda la puesta en funcionamiento y desarrollo de los delitos por los que el tribunal acaba enviando a la cárcel al exduque de Palma. El segundo, el papel real de las diferentes personalidades que aparecen en la trama y el comportamiento de la fiscalía, a veces, aparentemente, actuando más como sostén de una institución que del interés general. Entendiendo por esto último, claro está, el velar y proteger los intereses del conjunto de los ciudadanos.

Hay sentencia, pero el caso solo se cierra judicialmente hablando. El debate que ahora se abre o se puede abrir tiene que ver sobre todo, con la capacidad del actual rey de España, Felipe VI, para arraigar nuevamente la monarquía como la forma preferida de los ciudadanos para la jefatura del Estado. Porque, al final, el juicio en la Audiencia de Palma, que sentó por primera vez en el banquillo de los acusados a una hija de rey y también hermana de rey, y mucho antes la causa abierta por el juez Castro, el instructor del caso Nóos, ha transcurrido en paralelo al juicio mediático, a la disputa entre fiscal (Horrach) y juez (Castro), a diferentes pronunciamientos imprudentes de una parte de la clase política -Gobierno español incluido-, deseosa de exonerar a la Infanta, y cerrar el caso lo antes posible. En este repaso, hay que citar también todo tipo de presiones desde Madrid a la propia infanta Cristina para que rompiera su matrimonio y renunciara a sus derechos dinásticos. La hija menor del rey emérito ha asumido la línea de defensa de la anterior Casa Real, la de su padre, y de sus letrados, Roca, Molins y Silva, pero no ha cedido en abandonar a su suerte a Undargarin.

La entrada de Undargarin en prisión en las próximas fechas pondrá punto y final a una sentencia que deja a mucha gente descontenta y que también tiene a una parte de la opinión pública convencida de que la justicia no es igual para todos. A ello hay que añadir que será para siempre un borrón para la monarquía española contemporánea. El hecho de que el CIS haya dejado de aportar datos sobre la valoración de la institución y su máximo responsable puede dar a pensar que aún le falta mucho para recuperar la popularidad de la que gozó décadas atrás. Y no está claro que esta sentencia ayude a mejorar la valoración.