Ya es de dominio público: el gobierno de Pedro Sánchez siguió los pasos del ejecutivo de Mariano Rajoy y el espionaje político a los líderes independentistas catalanes iniciado en 2012 con aquella impresionante manifestación de la Diada del 11 de Setembre se mantuvo cuando el dirigente socialista llegó al Palacio de la Moncloa, en 2018.

La causa general contra el independentismo no se detuvo, más allá de palabras que ahora resuenan más huecas y falsas que nunca, y así hoy se certifica, a través de una investigación del diario The Guardian en la que ha participado El País, que en en año 2019 el teléfono móvil del president del Parlament, Roger Torrent, -también la ex diputada Anna Gabriel, el concejal Ernest Maragall y el miembro de la ANC Jordi Domingo- fue hackeado con un programa denominado Pegasus de la empresa israelí NSO que solo pueden comprar los gobiernos y las fuerzas de seguridad. "En el Estado español se practica el espionaje contra adversarios políticos", manifestó solemnemente el president del Parlament en una comparecencia pública.

Todo apunta a la participación activa del Ejecutivo español -¿tiene manera de demostrar que no ha sido él?- en el espionaje policial de un caso que, por lo que parece, solo está empezando informativamente. Sea como sea, no hay una versión buena para Sánchez y sus muchachos si el foco no se acaba desplazando hacia otro sitio. Si lo desconocía, que sería la interpretación más benévola, el grado de incompetencia es de tal magnitud que están incapacitados para ocupar el cargo que ostentan. Si, por el contrario, lo conocían y no han hecho nada, la preocupación porque estas prácticas sean protegidas o toleradas en un estado de la Unión Europea deberían alarmar a cualquier demócrata. ¿Cual será el siguiente? Un dato nada menor: ¿mientras Pedro Sánchez negociaba su investidura -en 2018 con Junts per Catalunya y ERC, o sea con el conjunto del independentismo, y en 2019 solo con Esquerra- y se lanzaban proclamas de mesas de diálogo que decían iban a servir para encarrilar el problema catalán... se hackeaba el teléfono móvil de sus dirigentes y nadie lo sabía?  ¿Se ha aprovechado políticamente por quien sea el contenido de estas gravaciones?

En cualquier país de convicciones democráticas profundas, el escándalo del espionaje al president Torrent, habría dado paso a una reclamación inmediata de comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. O, cuando menos, una intervención pública de Fernando Grande-Marlaska. Pero, en España, el espionaje político parece que está en los genes y que se puede despachar desde la mesa del Consejo de Ministros con un escueto "no nos consta". De la misma manera que no consta la corrupción de la monarquía española por más noticias que continúan apareciendo sobre el rey Juan Carlos I, las cuentas en Suiza y las sociedades en paraísos fiscales para asegurar el día a día de todos los miembros de la familia real de por vida. O las truculentas historias de cómo llegaba el dinero desde Suiza a la Zarzuela, donde el emérito, siendo jefe del Estado, tenía una máquina de contar billetes. Sí, tal como suena, aunque parezca más un chiste que algo que pueda ser real.

Veremos en este caso cómo se explica el Gobierno, el recorrido parlamentario que tiene y las actuaciones de la justicia que se producen, empezando, entiendo, por la Fiscalía General del Estado... ¿verdad?. Las alcantarillas del Estado siguen trabajando a buen ritmo y eso siempre es denunciable, además de ser intolerable. Que nadie quiera hacer limpieza de todo ello debería preocuparnos a todos, también a aquellos que siempre encuentran una explicación para justificar la persecución al independentismo para salvar la unidad de España. Alguien debería decir: así, no.

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