Jakob Augstein, periodista, copropietario del Der Spiegel en su condición de miembro de la família del gran editor del semanario durante más de 50 años, Rudolf Augstein, y actualmente una de las personalidades alemanas más influyentes, acaba de publicar un artículo en el que señala que Alemania no se puede permitir extraditar al president Puigdemont y pide que se le conceda asilo político. También califica al Estado español de centralista y le reprocha que ha actuado contra su propia gente. Augstein concluye que la detención del president catalán es una desgracia para España, para Europa y para Alemania.

Centenares de artículos se han publicado en medios de comunicación de todo el mundo en las últimas 36 horas, desde la detención del president catalán en Alemania a pocos kilómetros de la frontera con Dinamarca, y no todos, obviamente, en la misma dirección que el de Augstein. Pero la gran mayoría si que han puesto de relieve que la extradición no debería llegar a producirse. Lo decía con otras palabras el editorial de este lunes de The Times que pese a estar claramente alineado en contra de la independencia de Catalunya exigia a Rajoy que empezara a hablar con sus oponentes y dejara de encarcelarlos. En Alemania todos los informativos de televisión abrían sus boletines con Puigdemont o Catalunya, una situación idéntica a la de Escocia, donde se encuentra la consellera Clara Ponsati, y que está mostrando una gran movilización en la Universidad de St. Andrews, donde es profesora. 

Es obvio que la detención de Puigdemont y la presencia de presos políticos dentro de la UE es, se quiera o no, una causa europea. Una gran causa europea por lo que supone de privación de libertades en el corazón de la UE. ¿O acaso es aceptable que los tres candidatos propuestos a presidents de la Generalitat desde las elecciones del 21-D y la aplastantes victoria independentista -Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull- se encuentren actualmente en prisión, los dos últimos en cárceles españolas?

Defender sus derechos políticos, irregularmente arrebatados, debe ser la principal obligación de los dirigentes catalanes que salieron victoriosos de las urnas el pasado 21-D. Aunque estén en una especie de régimen de libertad tutelada, como se encargan de repetir las autoridades españolas. Inexorablemente es la obligación de aquellos representantes del espacio independentista que cuenta con mayoría en el Parlament y debería ser, en buena medida, la respuesta unitaria de todas aquellas formaciones que no tienen nada que ver con el 155 y la supresión de la autonomia.

Recuperar las instituciones que han sido arrebatadas a los catalanes solo puede ser el resultado de un embate democrático con el Estado español. Lo fue el 21-D por decisión expresa de los catalanes en las urnas. Algo que no deberían olvidar los perdedores de los comicios por más que se les atragante que así fuera. Pero tampoco los ganadores a la hora de aplicar lo que supone aquel resultado.