Quizás la Europa política no será la palanca para las justas reivindicaciones de Catalunya pero la justicia europea sí que está siendo la pértiga para tumbar a la justicia española. Lo vemos una y otra vez y este viernes hemos tenido la oportunidad de asistir a un ejemplo palmario de ello. El pasado miércoles, la Junta Electoral Central, en un gesto de autarquía que rozaba el desprecio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citó a Clara Ponsatí en Madrid para recoger el acta de eurodiputada y prometer o jurar la Constitución. Obviamente ni tenía por qué ir, ni iba a ir. Pero la JEC hizo caso omiso de lo que había dictado la justicia europea y quería demostrar así que nadie le enmendaba sus decisiones, sin importarle lo más mínimo si hacía o no el ridículo.

Cuarenta y ocho horas después, el Parlamento Europeo ha anunciado los nuevos eurodiputados después de la salida de los parlamentarios del Reino Unido por el Brexit y la consellera d'Ensenyament del president Carles Puigdemont figuraba en la lista junto al resto de nuevos miembros de la Eurocámara. Lo más sorprendente es que nadie desde Madrid salió alzando su voz en contra de la decisión de la JEC y aunque solo fuera para defender que había que hacer caso a la justicia europea, gustara más o menos lo que dijera. No hubo editoriales de la prensa de papel, no hubo pronunciamientos contundentes del gobierno español para impedir el atropello de la JEC. Hubo silencio cuando no un apoyo manifiesto.

La otra cara de la moneda la ha sufrido el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que había pedido un permiso de tres días una vez ya ha cumplido la parte correspondiente de la sentencia y dispone del segundo grado penitenciario. Cuixart contaba con el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners pero el fiscal señala en su informe que el permiso es injustificado por "la falta de asunción de los hechos delictivos y ausencia de arrepentimiento". No hay discusión alguna respecto al "Ho tornarem a fer" que ha venido manifestando Cuixart y bajo cuyo alegato ante el Tribunal Supremo incluso ha hecho un libro con este título. Pero sería del todo absurdo esperar lo contrario de quien no ha cometido un delito aunque haya sido acusado de tal. Pero, como también recoge el fiscal, el objetivo del permiso es la preparación para la vida en libertad y no debería haber duda sobre el particular. Quizás no es aún el momento de recordar que el presidente Pedro Sánchez dijo que la nueva fiscal general del Estado dependía de él, como aquel que da a entender que las cosas serían diferentes. ¡Que se lo digan a Cuixart!

He oído estas últimas horas opiniones respetables asegurando que la decisión de la fiscalía está bien fundamentada. No voy a discutir de derecho con profesionales y tan solo decir que, de la misma manera, he oído opiniones claramente situadas en las antípodas. Pero uno siempre tiene todo el derecho a pensar que cuando lleguen a Europa todas estas interpretaciones para unos y vulneraciones para otros quizás será tarde pero el resultado acabará siendo muy diferente. La experiencia de lo que hemos ido viendo lo pone delante de nuestros ojos de una manera palmaria cada día. Por eso, Ponsatí y Cuixart reciben tratos diferentes. Y es que España no es Europa.