No hay explicación alguna para justificar que el Parlament de Catalunya haya estado dilapidando, no encuentro una palabra más ajustada, 1,7 millones de euros anuales desde 2008 para satisfacer un salario a una veintena de funcionarios ―en concreto, 21― que, mediante una peculiar licencia por edad, se podían jubilar a los 60 años, si llevaban quince como trabajadores de la cámara legislativa, y cobrar entre 4.000 y 10.000 euros mensuales. No hay explicación alguna para que este acuerdo fuera aprobado por unanimidad en 2008, la segunda legislatura del tripartito de izquierdas en el Govern (2006-2010), y en una Mesa del Parlament en la que estaban representantes de Esquerra Republicana, que tenía la presidencia con Ernest Benach, dos miembros del PSC, dos de Convergència i Unió, uno de Iniciativa per Catalunya y un último del Partido Popular.
No hay explicación alguna para que la Mesa del Parlament y el comité de empresa cerraran un acuerdo que, además, quedaría recogido en el convenio laboral por el que se rigen los funcionarios de la cámara catalana. No hay explicación alguna para que durante 14 años y cuatro presidencias del Parlament ―es ahora con Laura Borràs, la quinta, que ha salido a la luz pública― nada se haya sabido y todos los grupos parlamentarios que han tenido un puesto en la Mesa hayan permitido este privilegio y, por en medio, haya habido dos crisis económicas profundas, como la financiera de 2008 provocada por la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y que se prolongó en su etapa más dura hasta 2011 y la provocada por la pandemia de la covid-19. No hay explicación alguna que en plena crisis se haya podido ocultar unos privilegios que reportaban en el bolsillo de los beneficiados entre 56.000 y 140.000 euros anuales.
No hay explicación alguna que sostenga las palabras del president Benach de que cuando se aprobó por la Mesa del Parlament de la época, la situación económica de entonces era diferente. Nunca ha habido un momento en que la opinión pública, si lo hubiera conocido, hubiera justificado tremendo disparate y que lo que son unos injustificables privilegios hubieran sido vistos por la opinión pública como una cosa absolutamente normal. No hay explicación alguna para una degradación de la imagen institucional del Parlament, como a la que se va a ver sometida la cámara, persistente en el tiempo, que costará de enmendar y todo ello mientras los CAP están saturados, el personal sanitario no llega a poder cubrir las necesidades existentes y los maestros, por citar otro colectivo, tienen que hacer frente en condiciones nada fáciles a un déficit estructural evidente.
No hay explicación alguna para que políticos y funcionarios tejieran una impenetrable tela de araña en la que no pasaba nada si las plazas no se podían cubrir hasta que se jubilaba alguna de las personas que se había acogido al régimen de licencia por edad, ya que si faltaban recursos humanos, se ampliaba la plantilla y santas pascuas. No hay explicación alguna para la ciudadanía por parte de los que lo aprobaron y de todos aquellos que lo han ido cobrando y que, en ningún momento de estos años, al parecer, se les ha ocurrido que, quizás, deberían volver a trabajar para seguir cobrando este dinero y, de manera especial, los dos secretarios generales que, al parecer, se han acogido a ello.
Y no hay explicación alguna, desde el punto de vista ético, para que no pueda ser revertida esta situación ―que confiemos que, al menos, sea absolutamente legal― con carácter inmediato y encontrar la fórmula dentro de la legalidad para que este disparate político pueda ser corregido y los funcionarios que hoy se acogen al privilegio vuelvan a trabajar o pierdan sus prebendas económicas.