Que Mariano Rajoy dejara en manos de la justicia la política en España y, sobre todo, el conflicto catalán, ha tenido dos grandes consecuencias: es imposible desenredar la madeja de casos que hay en uno u otro tribunal, desde el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, pasando por juzgados locales y territoriales, hasta  llegar al Constitucional o al Tribunal de Cuentas; y, en segundo lugar, le ha dado a la justicia en España tanto poder que marca a diario la agenda informativa y se ha convertido en un verdadero actor en contra del gobierno español. La llamada izquierda, o sea, el PSOE, se las prometía muy felices cuando estaba en la oposición y pactaba con la derecha puestos cruciales de la judicatura y del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, en cambio, comprueba a diario como la telaraña de intereses que han tejido los conservadores con años, peones y habilidad —el exministro Federico Trillo tiene mucho que ver en ello— hace que el deep state mande más que el Gobierno y revertir la situación deviene una tarea titánica.

Se ha visto este lunes con la decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación o no como diputado del president Quim Torra. Después de varios días de deliberaciones y en contra, incluso, de lo que pedía la fiscalía, el Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral Central y ha mantenido la inhabilitación. Más allá de que es un atropello de los derechos del diputado y de la soberanía del Parlament en toda regla, ya que esta decisión no debería haberse producido hasta que haya una sentencia en firme del Tribunal Supremo, lo cierto es que provoca una auténtica batalla campal a partir de ahora sobre lo que se tiene que hacer.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ya se ha movido y ha dado 48 horas al president del Parlament, Roger Torrent, para que le comunique el nombre del diputado que sustituye a Torra. Un dictamen de los letrados de la Cámara catalana elaborado hace unas semanas decía que la JEC no le podía quitar el acta de parlamentario al president de la Generalitat. ¿Ahora qué dirán, una vez también ha hablado el Supremo? Por en medio está también el posicionamiento político del Parlament, que fue contundente respecto a la cuestión y aprobó que solo él, la Cámara catalana, podía retirarle el escaño. Quim Torra ya ha dicho que no piensa acatar lo dictado por el Supremo y la JEC y que el lunes estará participando en las votaciones del Parlament.

Es obvio que, en esta ocasión, el gobierno de Pedro Sánchez no quiere un incendio en unos momentos en que está tejiendo una relación con Esquerra Republicana que aún está en fase de construcción y de generar confianza; tiene en puertas una entrevista con Quim Torra en Barcelona, anunciada para la primera semana de febrero, y debe reunirse la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. Por eso, ha puesto encima de la mesa la modificación del Código Penal sobre el delito de sedición como un guiño a los independentistas. Pero la justicia tiene su propio calendario y su propia agenda. Y la derecha hará lo imposible para que lo que no puede ganar en el Congreso mediante las mayorías parlamentarias lo pueda lograr en los tribunales. Y Sánchez ya se empieza a dar cuenta de ello.