A medida que se ha ido acercando el final del juicio al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para el que la fiscalía de la Audiencia Nacional pedía inicialmente una pena de prisión de 11 años por rebelión, el caso se ha ido desvaneciendo y la condena solicitada apareciendo a todas luces como imprudente ya que nada, literalmente nada, podía ser probado. El fiscal ya hizo una primera solicitud de cambiar la tipificación del delito de rebelión a sedición pero se ha quedado tan corto que en su alegato final abrió la puerta a que fueran condenados por desobediencia, una pena del todo injusta pero bastante menor si nos atenemos al momento inicial del juicio. El juicio a Trapero, el exsecretario general de Interior Cesar Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y la intendente Teresa Laplana no ha hecho otra cosa que poner de manifiesto que las graves acusaciones formuladas contra la cúpula de Interior y de los Mossos durante tanto tiempo no eran otra cosa que el envoltorio de algo inexistente y que solo tenía por objeto desacreditar una trayectoria ejemplar del major y extender una sombra de duda sobre todos los responsables de la seguridad pública en Catalunya.

Este martes, Olga Tubau, la abogada de Trapero, ha desmontado todas las acusaciones contra su defendido y ha dejado claro que el major cumplió todas las instrucciones del mandato judicial. ¿Entonces, cómo es posible que la fiscalía formulara inicialmente tan duras acusaciones? El procés, y por extensión todos los juicios relacionados con los sucesos de la conselleria de Economía del 20 de septiembre del 2017, el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia llevada a cabo por el Parlament de Catalunya, forman parte de una tríada bien definida: la causa general contra el independentismo catalán.

Nada era lo que en realidad se proclamaba: primero un golpe de Estado, que ya tumbó el Tribunal Supremo, ya que no lo había habido por ningún lado; después un acto de rebelión como sí compraron acríticamente todos los medios oficiales y que el propio Supremo se encargó de enmendar; y de ahí se pasó a la sedición, que fue el último baluarte jurídico del Supremo para los miembros del Govern condenados, los líderes sociales independentistas y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Aquella sentencia, tendrá su recorrido en Europa y un día su propia sentencia, por más que el Supremo y el Constitucional hayan hecho una pinza de protección y, en consecuencia, haya rechazado también este martes suspender la condena a los líderes del procés mientras estudia sus recursos contra la sentencia del Supremo.

Que el juicio a Trapero haya coincidido con la fulminante destitución llevada a cabo por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, del coronel Diego Pérez de los Cobos, que estaba al mando de la comandancia de Madrid de la Guardia Civil, oficialmente por pérdida de confianza y, según todos las fuentes, por desobediencia, no deja de ser una noticia a tener en cuenta. De los Cobos ha sido algo más que arte y parte en el juicio a Trapero, con quien buscó, desde el primer momento, la confrontación una vez fue nombrado coordinador de las fuerzas de seguridad para reprimir el referéndum del 1 de octubre. Sus acusaciones, la mayoría de las veces infundadas, eran irrebatibles, ya que contaba con el placet del Madrid político, periodístico y judicial. De los Cobos fue premiado por su labor en Catalunya y todo le fue de cara hasta que alguien en Madrid empezó a ver que era un serio problema. Pero el daño ya lo había hecho y se había llevado por delante la carrera de un profesional íntegro y valioso.