Era el 16 de octubre de 2017 bien entrada la noche cuando Jordi Cuixart y Jordi Sànchez ingresaban en la prisión madrileña de Soto del Real por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que había acordado una hora antes la prisión preventiva y sin fianza bajo la acusación de sedición. Casi nadie pensaba aquel día que el Estado español se revolviera con tal fuerza ante un relato que no se aguantaba por ningún sitio y que las ansias de venganza contra el movimiento independentista catalán fueran tan enormes. Llegó después el juicio en el Tribunal Supremo contra los Jordis y el resto de líderes del Govern y la presidenta del Parlament y las sentencias condenatorias. El escarmiento necesario para que no vuelva a suceder, se decía en los pasillos judiciales y políticos casi sin ningún pudor. Tres años se cumplen este viernes y Cuixart y Sánchez siguen en prisión en medio de un régimen penitenciario que no respeta ni las propias normas comparativas con otros presos con condenas similares. Siempre la vara de medir más dura para aquellos que decidieron plantar cara y ponerse al frente del movimiento independentista y encabezar el desafío más importante al que se ha enfrentado el Estado español en varias décadas.

Por más que a veces las noticias de su peregrinaje carcelario carezcan del glamur de otras informaciones y el atropellado mundo de la Covid-19, y la crisis económica acaben dominando, lógicamente, buena parte de la preocupación de la sociedad, es necesario que sean recordados y que la injusticia cometida contra ellos no caiga en el olvido. Porque detrás de palabras huecas y de ningún avance por parte del gobierno socialista y de Podemos, lo único constatable es que la represión continúa campando a sus anchas y que más de 2.800 personas tienen algún pleito con la justicia como consecuencia de aquellas frenéticas semanas. Y que la causa general contra el independentismo sigue bien viva. ¿Cómo se entiende sino la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, el tercero consecutivo, por parte de la justicia española? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias despiertan ahora de la larga siesta democrática en la que se han sumergido cuando los perseguidos eran dirigentes o militantes independentistas y han pasado a ser ellos el objetivo en la primera línea. ¿Pero qué se creían, que el poder otorgado sería solo para intentar acabar con el independentismo? ¡Como se puede ser tan rematadamente ingenuo!

Hace tres años aún no se habían mostrado con la claridad que se perciben ahora las deshilachadas costuras de un estado en franca descomposición. Solo hace falta una mirada panorámica o estar atentos a la prensa internacional para comprobar el imparable declive de estos tres años. A España se le cuestiona todo: desde la calidad de su democracia hasta su actuación con la Covid-19; desde su incompetencia para abordar la crisis económica a  su deseo de controlar la justicia; desde las extradiciones de los líderes independentistas en Bruselas, Reino Unido o Suiza hasta la incomprensible prisión de los Jordis y el resto de dirigentes en la cárcel.

Este viernes, el Consejo General del Poder Judicial hacía pública una encuesta en la que se asegura que el juicio del procés ha reforzado la imagen de la justicia en España y en Europa. En España es probable pero en Europa es meridianamente seguro que no. Pero detrás de este titular hay un dato mínimamente positivo: el porcentaje que así lo piensa es del 59%. Muy alto, ciertamente, pero en un colectivo tan corporativo también hay, los menos, que no lo ven así. Los medios de Madrid hacen, ciertamente, mucho daño para que se abra paso una información más ponderada y veraz.