Cuando este jueves he escuchado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asegurar en Televisión Española que el lawfare en la justicia española existe no he podido menos que recordar aquella frase de El Padrino que dice "no quiero matar a todos... solo a mis enemigos". Acusar, aunque sea veladamente, de prevaricación a los togados españoles por parte del presidente del Gobierno es de una gravedad institucional enorme. Que lo sitúe más en la época del Partido Popular que en la suya no resta gravedad a la acusación, entre otras cosas porque los magistrados siguen siendo los mismos. La guerra institucional entre el poder ejecutivo y el judicial no deja de subir escalones y parece que estamos muy lejos de la última batalla. Solo se vislumbra lo que puede acabar pasando mientras la derecha alinea ordenadamente sus baterías de defensa bajo la premisa del bando de la Faes: el que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte y el que se pueda mover, que se mueva.

Las palabras de Sánchez han sido superadas, de sobra, por tres actuaciones en el ámbito judicial sorprendentes. La primera, el Consejo General del Poder Judicial ha denegado su confianza al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la primera vez en la historia que sucede y tampoco es vinculante la votación. Pero sí que tiene, en cambio, un enorme valor, y no tanto por la no idoneidad del fiscal general, sino porque —si había dudas— la guerra ha salido a borbotones a la superficie. Nunca la democracia española había vivido un gesto así, de tanta hostilidad, ya que, además, estamos hablando de una falta de idoneidad sobrevenida, ya que en julio de 2022, hace 16 meses, sí que fue considerado idóneo por los mismos miembros del CGPJ por doce votos a favor y siete en contra. No es idoneidad sino política lo que hay detrás.

Casi a la misma hora, el Tribunal Supremo anulaba el nombramiento de la exministra de Trabajo Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, argumentando que no reunía el requisito legal de "jurista de reconocido prestigio". Lo hacía la Sala del Contencioso Administrativo por unanimidad y con este paso era el tercer cargo del gobierno de Pedro Sánchez que tumbaba el Tribunal Supremo. Previamente había sucedido lo mismo con Dolores Delgado como nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y el fiscal de menores. Hay muchas maneras de evidenciar malestar y actitud de oposición, y esa es la más visible.

El avance imparable del movimiento insurreccional contra el poder legislativo y ejecutivo está ahí

La guinda fue el aquelarre montado en el Congreso por el PP con tres magistrados eméritos del Tribunal Constitucional para posicionarse en contra de la proposición de ley de amnistia. En concreto, el ex presidente Francisco Pérez de los Cobos y los magistrados Jorge Rodríguez Zapata y Andres Ollero. Durante casi dos horas, el acto fue una invitación al desacatamiento de las leyes, con ideas peligrosas si realmente se llevaran a la práctica. ¿O como hay que leer esto?: "Tenemos que defender el derecho a resistencia con todos los medios a nuestro alcance: manifestaciones, boicots o no cumplimiento de las leyes cuando los otros no las cumplen". O esto otro: "Hoy he decidido no mantener silencio porque como ciudadano tengo la obligación de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he ejercido y que de aprobarse la ley de amnistía puede suponer el final de la Constitución".

La acumulación de noticias en una misma dirección hace que muchas veces los árboles impidan ver el bosque. Pero ahí está. Y el avance imparable del movimiento insurreccional contra el poder legislativo y ejecutivo, también.