No habían pasado ni doce horas del anuncio de una nueva victoria independentista en las elecciones al Parlament y la noticia de que habían logrado superar por primera vez el listón del 50% de los votos y ampliaban sus diputados (de 70 a 74 escaños) en la Cámara catalana que la Fiscalía Provincial de Barcelona informaba de la presentación de un recurso contra el tercer grado de los presos políticos, lo que supone la pérdida de semilibertad de la que gozan y su retorno inmediato a la cárcel en régimen cerrado.

Ninguna novedad en el fondo pero la constatación de dos realidades: solo por su condición de que se trata de 9 presos políticos cabe entender la reacción a un hecho político como es un determinado resultado electoral y la efervescencia con que el Madrid político y mediático está viviendo la posibilidad de un nuevo gobierno independentista, en este caso, liderado por Pere Aragonès, de Esquerra Republicana. En segundo lugar, es evidente que la fiscalía no ha querido perjudicar la campaña del exministro socialista Salvador Ila, que habría hecho trizas una noticia así en medio de sus falsas apelaciones a pasar página y a la reconciliación. El deep state sigue con su agenda de que la mejor medida es la represión y de ahí no se mueve.

No deja de ser clamorosamente llamativo cómo se ejecuta la sentencia en la capital del Reino. Así, después del anuncio sobre los presos políticos  se conoció que el Supremo archivaba la querella contra el rey emérito fugado a los Emiratos Árabes Unidos y que la Audiencia de Madrid absolvía a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por el caso Máster por falta de pruebas en el delito de falsedad documental. Dos noticias que, unidas a la de la petición de ingreso urgente en régimen cerrado de los presos políticos son para meditar y no solo por la coincidencia temporal.

Todo ello, en medio de la resaca electoral de los resultados del domingo que han concedido a Pere Aragonès la batuta de las negociaciones para formar gobierno. Por primera vez desde la restauración de la democracia Esquerra Republicana va a liderar el gobierno catalán, definir el marco del terreno de juego de los próximos cuatro años y fijar su preferencia respecto a la política de alianzas. En definitiva, recabar los votos para su hoja de ruta y la confección de su ejecutivo. Todo el mundo sabe que no hay alternativa a ERC que no pase por la repetición de elecciones, una situación que nadie quiere y todo el mundo descarta ya que supondría tanto como despreciar el mandato de los electores, que dejan un mapa electoral complejo pero ni muchos menos imposible para alcanzar pactos.

Los primeros movimientos son los esperados: rechazo de ERC a un apoyo activo o pasivo del PSC por boca tanto de Oriol Junqueras como de Aragonès; disposición de Junts a negociar un acuerdo de gobierno independentista en palabras de Jordi Sánchez; una mirada matizada respecto a anteriores legislaturas por parte de la CUP, que coquetea con una entrada en el Govern y aparentemente sin un veto inicial a Junts por parte de su candidata Dolors Sabaté y de Poble Lliure, unos de sus colectivos; resistencia de los comunes de Jéssica Albiach y Ada Colau a todo lo que no sea un govern de izquierdas que deje fuera a Junts; y, finalmente, los pinitos de Illa por propagar que irá a la investidura -cosa más que improbable- a la espera de si hay un movimiento más político y contundente que dé otras pistas respecto a la legislatura.

Y, en medio de todo, sobrevolando la escena, los indultos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que parecen actuar como una espada de Damocles condicionando pactos y hojas de ruta. Para ser el primer día post 14-F, no es poco. Aunque la dimensión de la madeja para conformar gobierno aún no se ve: tan solo se atisba el hilo.