Tampoco ha sido en la Pascua Militar, la celebración que anualmente se celebra el 6 de enero y que sirve para que el jefe del Estado, vestido con uniforme de capitán general, se dirija a los ejércitos. ¡Y mira que desde una posición de salvaguarda de la democracia había temas para tomar partido! Lo primero y más polémico, el chat de los militares golpistas que desde que se conoció hace ya varias semanas precisa aún de una desautorización sin paliativos del rey Felipe VI ya que muchos de los uniformados que allí figuran son además firmantes de un manifiesto golpista contra el Ejecutivo español.

Tenía una oportunidad para expresar su opinión pero calló, encontrando refugio en la pandemia y la Constitución con frases que la derecha y la izquierda mediática española leyeron como quisieron: unos para envolverse en ella y otros para lanzarle la interpretación a los morros de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tampoco habló de su padre fugado a los Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 4 de agosto, que sigue ostentando su rango militar -¿el Gobierno no tiene nada a decir?- y que durante varias décadas presidió el acto celebrado en el Palacio Real junto a los militares principales del momento. 

Envuelto entre algodones políticos y protegido por los medios de papel y las televisiones que han optado por establecer un cerco alrededor suyo a cambio de tener una cierta carta blanca contra su padre, la monarquía española se desangra, aunque haga un esfuerzo ingente por publicar encuestas fantasmagóricas de apoyo que carecen de credibilidad alguna. Es imposible recuperar un  mínimo de credibilidad sin abordar un tema tan hiriente para el conjunto de la sociedad como el de la corrupción de su padre y de otros miembros de la familia.

Es cierto que la crisis económica actúa como un catalizador del malestar general de la sociedad, pero llega un momento en que el silencio o el ponerse de perfil ya no vale como respuesta ni en el escalafón más alto institucionalmente hablando. Son necesarias respuestas inequívocas que descarguen de responsabilidad, que la actuación de la Fiscalía sea real y no un mero anuncio publicitario, que la Agencia Tributaria realice las funciones de inspección y sanción que tiene adjudicadas y que los partidos monárquicos acepten una comisión de investigación parlamentaria. Mientras ello no pase la monarquía española seguirá estando bajo sospecha.

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