Costaría encontrar un adjetivo que no descalificara, de manera muy taxativa, al ex presidente del Gobierno Felipe González por la reacción que ha tenido ante los primeros escarceos de Pedro Sánchez sobre los indultos a los presos políticos catalanes. Eso, después de más de un año de tener la carpeta en uno de los cajones de su mesa en el palacio de la Moncloa. Es simplemente vomitivo que quien fue capaz de practicar el terrorismo de Estado con los GAL, y quien firmó el indulto del ex general Alfonso Armada, uno de los principales artífices del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, se posicione radicalmente en contra de la medida de gracia con los miembros del Govern, la presidenta del Parlament, el presidente de Òmnium y quien entonces era presidente de la ANC. 

El posicionamiento también contrario y con claro mensaje a Pedro Sánchez de la línea roja que estaría a punto de cruzar por parte del Tribunal Supremo tiene, como primer efecto, que el indulto solo puede ser parcial y no total. Es posible, por tanto, que el tema de la inhabilitación para ocupar cargo público se les mantenga si se les acaba concediendo el indulto. La derecha ya se ha puesto radicalmente en contra: PP, Vox y Ciudadanos actuarán más unidos que nunca. Y los barones socialistas empiezan a sacar la cabeza mostrando varios de ellos sus discrepancias, como el presidente castellano-manchego García-Page, o el extremeño, Fernández Vara, como siempre, a la cabeza de la línea más dura.

La maquinaria ultra ya se ha empezado a poner en marcha y en pocos días se pasará de un compromiso que pretendía acabar en un indulto total a una situación mucho más compleja y repleta de rebajas por el camino. Con el boomerang previsible, además, de que la sala tercera del Supremo encuentre la manera para que reingresen en prisión. Es, lamentablemente, cuestión de tiempo.

La dinámica política y mediática española está muy engrasada para empezar a agitar una zanahoria muy larga, muy larga, y que, en el momento definitivo, se compruebe que era un efecto óptico; que, en realidad, la hortaliza era de unas dimensiones mucho menores. El engaño del Estatut, en parte, acabó siendo esto y en cada movimiento telúrico del deep state quedaban varias competencias por el camino. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut fue un asalto en toda regla a lo que ya había sido un acuerdo político de mínimos. La sentencia del Supremo sobre el 1-O ha tenido este componente de escarmiento que el Estado ha querido dar al independentismo catalán y a sus nueve presos políticos. Y el Supremo lo que viene a decirles es que no admite enmienda por parte de gobierno alguno.