Si Groucho Marx hizo de su enunciado "Damas y caballeros, estos son mis principios. Si no les gustan... tengo otros" su frase más icónica, este jueves los magistrados rebeldes del Tribunal Constitucional que discreparon de la sentencia del Alto tribunal en el castigo al preso político Jordi Sànchez han dicho algo similar: "Damas y caballeros, estas son mis sentencias. Si no les gustan... tengo otras". Pues no cabe entender otra cosa del torpe movimiento -seguramente imprescindible, a la vista del ridículo que les comporta-  de corrección de sus valoraciones. Dicho en plata, han retirado uno de los fundamentos del voto particular alegando que no respondía a su voluntad, ni a lo que fue objeto de la deliberación del pleno y que ellos firmaron erróneamente. Han tardado varios días en darse cuenta de su supuesto error, los mismos que han tenido que soportar una severa crítica en Madrid por la posición que habían adoptado.

Aunque no es una cuestión nuclear en las muchas resoluciones que ha tenido que adoptar el TC a raíz del proceso catalán, sí que tiene importancia, ya que afecta a derechos fundamentales. En síntesis, los magistrados del voto particular venían a reprochar a la mayoría del TC que desestimara la demanda de Jordi Sànchez respecto a la sanción de un mes que se le puso al inicio de su prisión por un tema de forma, que lo había presentado fuera de tiempo, y que no abordara el fondo de la misma. Causó sorpresa el voto particular de los magistrados Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, porque se había quebrado la unidad que mantienen los miembros del TC en cualquier tema que afecte a los presos independentistas. También, por el hecho de que Valdés era el ponente del recurso y Xiol es uno de los candidatos que más suena para ser el nuevo presidente del Constitucional.

Ahora, la corrección es tan peregrina que deja en mantillas al TC y sirve lógicamente de visualización de las fuerzas político-judiciales por blindar al máximo cualquier discrepancia. También da alguna pista de lo que se debe estar fraguando a unos cientos de metros, en el Tribunal Supremo, con la sentencia que se emitirá después del 11 de septiembre, seguramente en octubre, sobre los presos políticos catalanes. El gobierno de Pedro Sánchez, cerrado a cualquier diálogo con los independentistas que pueda enturbiar su arranque de legislatura y, quién sabe, incluso dispuesto a un acuerdo con Ciudadanos si Pablo Iglesias se pone muy pesado; la Moncloa actuando como alfil imprescindible para que Colau continúe al frente del ayuntamiento de Barcelona y, en tercer lugar, una posición dura con los dos caballos del Estado en el juicio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El deep state ha sacado toda su artillería.

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