Los requerimientos personales que ha hecho llegar el Tribunal Constitucional al president del Parlament, Roger Torrent, a la Mesa y al secretario general de la institución advirtiéndoles a todos ellos de las consecuencias penales a las que se enfrentarán, si llevan a cabo iniciativas que contradigan las resoluciones suspendidas, tiene como principal objetivo bloquear pronunciamientos de la Cámara catalana ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre los presos políticos catalanes. El momento escogido así lo da a entender, la petición del gobierno español de Pedro Sánchez lo refleja y la contundencia de la medida lo confirma.  No hace falta ser un sagaz analista político para observar que el comportamiento del Estado español guarda algunas similitudes con el de octubre de hace dos años: tensionar los Mossos d'Esquadra haciéndoles aparecer en España como una policía sobre todo política; maniatar, en lo posible, el Parlament para impedir que cumpla su papel de Cámara de debate, prohibiendo la aprobación de resoluciones; y, finalmente, presentar al Govern como un órgano desestabilizador y divisorio de la sociedad catalana y a punto siempre de saltarse la legalidad. En este caso, se ha añadido el factor terrorismo y Goma-2 a raíz de las detenciones de hace unas semanas.

La advertencia al Parlament con la amenaza de consecuencias penales tiene una especial importancia ya que el Govern había hecho saber que nada más conocerse la sentencia, si era condenatoria, se producirían, al menos, dos movimientos: una declaración institucional del president Quim Torra y una solicitud por parte de la presidencia de convocatoria urgente del Parlament de Catalunya para que se pronunciara sobre la respuesta que se debe dar. Además, seguramente, una reunión del Ejecutivo catalán para blindar al máximo posible la unidad de los dos partidos en la respuesta a dar. Respecto al Parlament, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP han venido trabajando en una propuesta que muchos actores políticos consideran cerrada a falta de flecos menores.

En las últimas horas, la virulencia verbal de la Guardia Civil el pasado miércoles en los discursos pronunciados en el cuartel de Sant Andreu de la Barca ha dejado un poso de irritación y de enorme preocupación en las cúpulas independentistas. El hecho de que un general del instituto armado protagonizara el incidente que tuvo lugar, sin consecuencia alguna por parte de las autoridades civiles y con un aplauso bastante generalizado de las fuerzas constitucionalistas, no ha pasado desapercibido. Mientras el Govern ha pedido el cese inmediato del máximo responsable de la Guardia Civil en Catalunya, el goteo de declaraciones de responsables de las fuerzas de seguridad del Estado ha continuado. El jefe de la policía española en Girona ha asegurado que estarán siempre en Catalunya y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han arropado al general Pedro Garrido. Y los políticos españoles, empezando por los socialistas, dispuestos a sacar tajada: las Cortes de Castilla-la Mancha han aprobado por unanimidad una declaración de apoyo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía como desagravio a lo aprobado por el Parlament de Catalunya.

Aún no hay sentencias, pero se están tomando posiciones.