El martes por la noche, mientras estaba en el Més 3/24 que dirige y presenta el periodista Xavier Grasset y comentábamos la noticia, adelantada por El Nacional, de que el Govern se planteaba cerrar bares y restaurantes durante dos semanas, recibí en mi teléfono móvil el siguiente mensaje de un restaurador, inequívocamente independentista: "El que ens faran és una decisió política. Ens arruinaran, però és una decisió política. Com a tal, tindrà el 14 de febrer una resposta política". El restaurador, como la gran mayoría del sector, había hecho los deberes después del confinamiento de la primera primavera y no entendía las medidas del Ejecutivo catalán, que consideraba poco realistas para atajar la expansión de la pandemia. "¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, permitir las comidas, que es cuando la movilidad sigue siendo muy alta, y restringir las cenas?", me preguntó. De nada sirvieron algunas de mis explicaciones, ya que lo cierto es que tenía respuestas para todo menos para entender la contundencia de las medidas del Govern, y de ahí su irritación.

Horas después, el presidente de la República francesa ha anunciado desde el Palacio del Elíseo que decretaba a partir del próximo sábado y al menos durante cuatro semanas el toque de queda en París y en las ocho principales áreas metropolitanas del país entre las 21 horas y las 6 de la mañana. La policía patrullará en las calles para asegurar que entre esas horas todo esté cerrado y no se podrá ir a fiestas en casa de amigos saltándose la prohibición. Al conocer la noticia, lo primero que he hecho ha sido comparar los datos de la evolución de la pandemia en la capital francesa y en Catalunya. París ha reportado este miércoles un índice de casos positivos de Covid-19 de 320,9 por cada 100.000 habitantes mientras que en el Barcelonès, por ejemplo, el índice es de 431,11 y la media en Catalunya se sitúa en 262. París está mucho mejor y aplica medidas mucho más drásticas. Madrid, por el contrario, con unos datos mucho más preocupantes, se opone al estado de alarma que decretó el Gobierno después de que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, obstruyera cualquier medida restrictiva muy contundente aduciendo que la economía no lo soportaría.

En esta batalla entre los dos modelos, la línea más dura gana en la opinión publicada mientras Ayuso parece que está arrasando en la opinión pública. Las encuestas, de hecho, le dan al alza si ahora hubiera elecciones en la Comunidad. Es probable que mi amigo restaurador, hoy por hoy, en este trance de dificultades económicas venideras, esté más cercano a Ayuso aunque deplore el PP y haya soltado todo tipo de pestes del partido conservador. ¿Es suficiente con más pedagogía por parte del Govern? No creo, porque no se come de los discursos ni de las explicaciones y a estas alturas todo el mundo tiene una opinión y se siente en condiciones de ser un gobernante. Pero lo cierto es que no hay una varita mágica —y las ayudas económicas que se pueden ofrecer siempre serán muy insuficientes por más que se intente sacar recursos de hasta debajo de las piedras— y que los estados de ánimo se desplazan en función de ver más cerca o más lejos del entorno familiar la pandemia.

El Govern quiere salvar a toda costa la campaña de Navidad y cree que es ahora el momento de tomar medidas que son más impopulares de lo que pueda parecer a la vista de la reacción este miércoles de tantos y tantos sectores afectados. Y eso que la justicia aún no se ha pronunciado y no hay que descartar que eche atrás las medidas que el Ejecutivo catalán quiere implementar. Entonces sí que el desgaste habrá sido muy alto a cambio de un resultado muy pequeño. 

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