No hay desescalada en la persecución del independentismo catalán y tampoco hay voluntad alguna de rebajar el conflicto judicial, contrariamente a lo que se comprometió Pedro Sánchez para lograr los votos necesarios para ser investido presidente del gobierno por el Congreso de los Diputados. En un mismo día, la justicia ha hecho dos movimientos que afectan a dos miembros del Govern: Miquel Buch (conseller d'Interior) y Bernat Solé (conseller d'Exteriors). En ambos casos, la Fiscalía mantiene una posición activa y beligerante en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que podría acabar inhabilitándolos.

Vayamos a los hechos. Miquel Buch ha sido citado el próximo día 16 bajo las acusaciones de prevaricación y malversación por el caso de uno de los escoltas del president Carles Puigdemont que le acompañó al exilio y a quien el conseller acabaría nombrando asesor. Ciudadanos presentó una denuncia en el juzgado y la Fiscalía hizo suyo el principal argumento del partido naranja y, así, sostiene que todo era un envoltorio del departamento para auxiliar al president exiliado y que el sargento aludido carece de la más mínima aptitud para el ejercicio de sus funciones de asesor y que su nombramiento fue arbitrario. Es un camino peligroso entrar a valorar las aptitudes de los asesores, un cargo que, por definición, es de libre designación. No parece que sea la senda más apropiada para la justicia el evaluar las capacidades de los asesores porque si así fuera podría empezar no por un cargo tan insignificante sino por los nombramientos en algunos consejos de administración y entonces si que nos reiríamos.

El caso del conseller Bernat Solé se remonta a su actuación como alcalde de Agramunt en la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. Un año y medio de inhabilitación le pide la fiscalía por haber desatendido la prohibición del Tribunal Constitucional, lo que, de prosperar, le apartaría del Govern. Dice Solé que "la persecución del independentismo sigue más vigente que nunca" y no le falta razón al titular de Exteriores ya que se mire por donde se mire, al gobierno español le trae absolutamente al fresco el asunto y el cambio en la Fiscalía General del Estado no ha alterado lo más mínimo las posiciones que viene manteniendo invariablemente, primero con el gobierno del PP y el ministro Rafael Catalá, y, en el último año con los dos ministros socialistas que han ocupado el cargo, primero Dolores Delgado y ahora Juan Carlos Campo.

Buch y Solé deberían salir indemnes de sus procesos judiciales pero la causa general contra el independentismo ha dejado en el aire lo que en otro momento habrían sido certezas indiscutibles. En el camino hacia el banquillo están también Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, después de que a finales del pasado mes de abril el TSJC desestimara sus recursos, mantuviera las acusaciones de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos y les impusiera una fianza civil que, sumadas las peticiones, asciende a 4,5 millones de euros. Y en camino hay muchos otros con sumarios repartidos en varios tribunales. Y, por en medio, ha habido desde el referéndum cambios de gobierno en Madrid, cambios de ministros, elecciones, nuevos fiscales y, sobre todo, promesas incumplidas. Porque como dice aquella frase lapidaria de Il Gattopardo, "si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". El gattopardismo, más vivo que nunca. 

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