Es como si el Estado fuera ajeno a todo lo que ha pasado estos años en Catalunya. Esta frase del conseller de Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, después de casi cuatro horas de reunión en Barcelona de la comisión bilateral Estado-Generalitat entre miembros del gobierno español y el catalán, resume, seguramente, cuál es la actitud de los ejecutivos españoles desde el año 2010 en que se produjo la vejatoria sentencia del Estatut y se inició el inacabado proceso de independencia de Catalunya.

Ocho años en los que, como señala el conseller Maragall, el estado español ha mantenido básicamente dos actitudes: primero, hablar de suflé independentista para negar la realidad y evitar sentarse a negociar. Y, después, utilizar la represión y la fuerza policial y judicial a raíz de la convocatoria del referéndum del 1-O y de la proclamación política de independencia. De hecho, la mal llamada comisión bilateral es todo menos eso: cierto que se sientan dos administraciones a la mesa de negociaciones pero solo decide una. La otra, la catalana, solo efectúa propuestas.

Ahora, a través de una moción de censura apoyada por los independentistas, ha llegado Pedro Sánchez a la Moncloa y los socialistas quieren hablar con el Govern de la gestión ordinaria de la autonomía pero estos ponen encima de la mesa presos, exiliados y referéndum. Y, entonces, pasa lo de siempre: depende de la justicia, la legislación no lo permite, va en contra de la Constitución, la fiscalía es autónoma... y así todos los ejemplos que se quieran.

Todo menos hacer política y abordar con luces largas el conflicto. El Govern de Quim Torra y Pere Aragonès tiene muchas voces y diferentes estrategias de fondo. Pero no sé hasta qué punto el gobierno español es consciente de que la actual legislatura española saltará por los aires si no hay un gesto valiente y atrevido que, hoy por hoy, no se ve por ningún sitio.