Solo la incompetencia supina del gobierno Sánchez-Iglesias y la ignorancia más absoluta de lo que es la historia española podía hacerles pensar que aprovechar la crisis del coronavirus para sacar a los militares de sus cuarteles e instalarles un plató diario en el palacio de la Moncloa era una cuestión baladí. Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le han insubordinado en menos de 24 horas dos personas tan relevantes en el organigrama de la Guardia Civil como el coronel Diego Pérez de los Cobos -el lunes- y este martes el teniente general Laurentino Ceña. Era el director adjunto operativo de la Guardia Civil y uno de los rostros más conocidos de aquellos partes de guerra diarios retransmitidos por Televisión Española que diseñó la Moncloa con una serie de atriles repletos de militares y algún civil, para que no se dijera. De los Cobos ha sido cesado por pérdida de confianza, una manera de que se entienda que hizo algo que no gustó, y que no fue otra cosa que, desde la comandancia de Madrid de la Guardia Civil, que dirigía, se elaborara un informe y se enviara a la juez que investiga si hay responsabilidad penal por parte del Gobierno y algunos altos cargos autorizando la manifestación del pasado 8 de marzo.
Militares y jueces, jueces y militares, un cóctel explosivo de poder paralelo en una España desvertebrada territorialmente, deshilachada institucionalmente y arruinada económicamente. Por no añadir las revelaciones de corrupción en la Casa Real que afectan al anterior jefe del Estado y la amenaza, cada vez más seria, de una explosión social ante el desproporcionado aumento de la pobreza. A Pablo Iglesias se le atribuye una de las decisiones más controvertidas de los últimos tiempos: incorporar a los uniformados en el frame diario de la evolución del coronavirus y de la pandemia. Seguramente, pensando que mejor cerca que encerrados con los cuarteles en ebullición, y quién sabe si despotricando del poder político. Pero Iglesias pasó por alto una cosa: la historia. El pasado. El golpe de estado del 23-F fue tan chusco que los militares dejaron de tener el protagonismo que el inicio de la transición les había reservado. Su presencia en los medios se evaporó y los diarios dejaron de tener un periodista que se encargara de aquella área informativa. Algo similar pasó en la judicatura: la justicia fue más importante que los jueces, salvo alguna excepción muy señalada.
Hoy conocemos mucho más que en ningún otro momento de la historia reciente los nombres de los jueces, está empezando a formar parte de la cotidianidad el de los militares y, en cambio, desconocemos quiénes son los ministros, cuando antes era obligado conocer hasta el de Agricultura. El poder político ha tenido que hacer sitio a otros poderes que han ido ocupando cada vez más parcelas. Claro que si tu manera de arreglar un conflicto como el que tiene Marlaska con la Guardia Civil es aprobar un decreto para culminar la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado transmites muchas sensaciones... pero no la de la autoridad. Habrá que ver como avanza la investigación judicial contra el Gobierno por la manifestación del 8-M y se admiten apuestas sobre el perímetro que puede abarcar. La mía es hasta el mismo Consejo de Ministros y el titular de Sanidad, el catalán Salvador Illa, que, además, no es diputado y, en consecuencia, no se necesita ningún suplicatorio de ninguna de las dos Cámaras legislativas para proceder penalmente contra él.
No hace falta ser muy perspicaz para concluir que se ha abierto la veda. El quiosco de la prensa de Madrid, no solo la tradicionalmente de derechas, es todo un escaparate de los movimientos de salón que se producen. Mientras Ayuso, la polémica presidenta de la Comunidad, cruza públicamente el Rubicón: De los Cobos es un héroe de la democracia española.
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