Si en el último informe presentado por el prestigioso semanario The Economist, el pasado mes de febrero, España había pasado a ser una democracia defectuosa —Economist Intelligence Unit la degradaba a esta categoría al considerar que ya no podía formar parte de los países considerados como una democracia plena—, este martes el Consejo de Europa ha aprobado un informe en el que se concluye que no ha superado ninguna de las 19 recomendaciones que hizo el organismo internacional al estado español para luchar contra la corrupción. El informe, que ha sido elaborado a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), es demoledor, ya que de los 19 puntos que se han analizado y comparándolos con lo que se le había pedido a España que hiciera, se apunta que en 7 de ellos se ha avanzado algo —muy poco— y en los otros 12 la respuesta española aún ha sido más decepcionante ya que han sido directamente ignorados.

Una de las cosas que más llama la atención del informe, por tratarse de dos cuerpos policiales que tienen un papel importante en la lucha contra la corrupción, es la crítica sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional porque no se hayan adoptado medidas de prevención de la corrupción y sobre su integridad, lamentando que no exista una estrategia de vigilancia de la corrupción en estos dos cuerpos y exigiendo una "acción decidida" para poner remedio. ¿Puede un estado europeo, considerado democrático, soportar impasible un análisis tan rotundo en un dossier que lleva por título Informe sobre democracia, independencia jurídica y corrupción? Aparentemente, no. Pero el estado español ha dado muestras suficientes de déficits estructurales, no anecdóticos como muchas veces se nos quiere hacer creer, que son más que preocupantes.

Simultáneamente a este informe del Consejo de Europa, se ha conocido otro de Amnistía Internacional en el que se asegura que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazados en España. Se citan ejemplos como la no supresión de la ley mordaza, o la condena y la entrada en prisión de Pablo Hasél o el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en el control de las manifestaciones; se apunta como una buena noticia, "la única buena de 2021",  la libertad de activistas como Jordi Cuixart —expresidente de Òmnium— o Jordi Sànchez —expresidente de la ANC—, "que nunca debieron entrar en prisión".  

Si eso sucede en España, donde parece actuar un deep state que tiende a actuar con dos varas de medir, el caso judicial del rey emérito y su sobreseimiento es más que evidente, no va a ser así para Juan Carlos I en el Reino Unido donde ha perdido la inmunidad y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Su examante Corinna interpuso una demanda por acoso desde el año 2012 a través de diferentes personas de su entorno. En el fondo, más allá de un lío propio de personas que han tenido una relación sentimental, está el dinero. Muchos millones de euros y, en concreto, cómo habrían llegado a una cuenta bancaria de Corinna 65 millones de euros, que formarían parte del polémico donativo de 100 millones de dólares, entregados en el 2008 por el rey Abdullah de Arabia Saudí al entonces monarca español.

Veremos si se sentará en el banquillo o podrá no comparecer y, en este supuesto, qué sucede entonces y qué decisiones adopta el juez inglés Matthew Nicklin. También las repercusiones que puede tener para sus hijos y, en concreto, contra Felipe VI. No es la justicia inglesa como la española y es normal que en Zarzuela haya más nervios que tranquilidad ahora que veían que el retorno provisional del patriarca iba a pasar con un cierto perfil bajo. Pero eso ya no sucederá.