La decisión del Govern y de los ayuntamientos afectados por la ampliación del aeropuerto de El Prat de solicitar a AENA una moratoria, más allá del previsto 30 de septiembre, para decidirse sobre la tercera pista, vuelve a situar la incertidumbre sobre una obra que tiene partidarios y detractores políticos pero ante la cual el tejido empresarial del país y de la capital catalana está casi unánimemente a favor.

Las reuniones técnicas que se han celebrado durante este mes de julio no han desbloqueado la decisión y en el Govern cohabitan en este tema, como en tantas otras cosas, dos almas: la de Esquerra, partidaria de un consenso con las fuerzas políticas más de izquierdas y ecologistas para que no acabe siendo un boomerang, y la de Junts, que, por boca de su vicepresident en el Govern, Jordi Puigneró, ya expresó hace semanas el apoyo a la ampliación.

Como todas estas cosas, en Catalunya no va a ser ni una decisión fácil, ni unánime. Hay precedentes al respecto que no habría que olvidar a la hora de adoptar un pronunciamiento. Encima de la mesa, el conocido problema ambiental que afecta al estanque de la Ricarda y la necesidad de que una futura ampliación contemple más vuelos internacionales y la alta velocidad entre los aeropuertos de Barcelona, Reus y Girona y las respectivas estaciones del AVE en las tres ciudades.

El tema ambiental, como es lógico, es el que registra posiciones más enconadas y es obvio que precisa del aval de la Comisión Europea y del eurocomisario correspondiente, el lituano Virginijus Sinkevicius. Es este un escollo que tendrá su solución para el espacio protegido de la Ricarda. Pero el tema más de fondo, superado este obstáculo, es si se está o no a favor de un aeropuerto más grande o se debe optar por priorizar inversiones en otras infraestructuras.

Dejar de lado la ampliación del aeropuerto acabaría teniendo efectos importantes sobre la economía, ya que el modelo existente y sobre el cual se tendrá que basar preferentemente la recuperación será el retorno del turismo internacional. Si Barcelona renuncia, otros destinos acabarán haciéndolo suyo. Lo que no vale es algo tan propio del consistorio barcelonés como es oponerse a nuevos hoteles de cadenas internacionales de lujo o al Museo Hermitage y, al mismo tiempo, reclamar turismo de calidad. Si se quiere, una cosa o la otra, pero las dos al mismo tiempo es imposible. Y eso, muchas veces, se olvida.