Aunque no tenía ninguna duda de que el Consejo General del Poder Judicial aplaudiría con las orejas que los jueces se hubieran manifestado en contra de la ley de amnistía, que no está aprobada aún, ya que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados, tenía un cierto interés por ver qué tipo de filigrana hacía para validar algo que todos sabemos que hubieran reprochado si otro grupo de jueces se hubiera manifestado a favor de la ley de amnistía. La verdad es que la explicación tiene su miga, está hecha a medida con premisas más que discutibles y tiene una marcada posición de parte. De parte del Partido Popular quiero decir, de aquellos que han hecho de la crispación bandera política y de la política un asunto de los jueces y no de los políticos. Entregando imprudentemente las llaves del poder legislativo al poder judicial, como sus mayores iniciaron antaño con el poder militar.

Pues bien, esa es la explicación del CGPJ y de su llamada Comisión de Ética en un dictamen que han realizado: considerar lícita la asistencia de jueces a las concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el estado de derecho y la independencia de la justicia. Si consideran que está en peligro, es suficiente, no hace falta que esté en peligro. Es más: puede no estarlo, como es el caso, y ellos pensar que sí. Es un listón realmente bajo para un colectivo que luego tiene que dictar justicia con sus resoluciones. Basta con pensar que su independencia está en peligro porque se aprueban leyes que simplemente no les gustan, que les incomodan. Así, la Comisión de Ética considera que la asistencia a este tipo de actos se ajusta a los principios de ética judicial, siempre que se dé una condición: que haya en el juez o jueza "un honesto, meditado y sincero convencimiento" de que la actuación objeto de repulsa "pueda afectar al estado de derecho".

Demasiadas palabras huecas para validar una actuación que es política y que si se acepta para un pronunciamiento político, debe servir para todos los pronunciamientos políticos posibles, caigan de un bando o de otro

Un honesto, meditado y sincero convencimiento, dicen los de la comisión, de que el estado de derecho resulta afectado. Veamos: honesto, es decir, decente, recatado, pudoroso. ¿Cuál es el baremo? Meditado o, lo que es lo mismo, que se ha pensado atenta y detenidamente sobre algo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad? Y, finalmente, sincero convencimiento. Tampoco da muchas pistas concretas, pero se podría definir como que el juez en cuestión actúa con sinceridad y llega a una conclusión mediante la utilización de argumentos lógicos. Vamos, que puede hacer lo que quiera según su libre albedrío. Demasiadas palabras huecas para validar una actuación que es política y que si se acepta para un pronunciamiento político, debe servir para todos los pronunciamientos políticos posibles, caigan de un bando o de otro.

Porque no siempre ha sido así. En pleno proceso independentista en Catalunya, en 2015, un juez, Santiago Vidal, incluso fue apartado de la carrera judicial porque en alguna conferencia había hablado de futuribles de una Catalunya independiente. El CGPJ le sancionó para poder ejercer la carrera judicial durante tres años. 33 jueces supuestamente soberanistas fueron señalados en portada por el diario La Razón con la voluntad de tener complicaciones en el desarrollo laboral de sus funciones. Nadie los avaló, ni les protegió desde los órganos judiciales. Ni se dijo que su posición se ajustaba a los principios de ética judicial porque habían llegado a ella después de un honesto, meditado y sincero convencimiento. No hay que ser muy lince para concluir que no son argumentos desplazables a cualquier posición que puedan tener. Solo son válidos si tienen una posición. La que defiende la derecha. Por eso, unos reciben un indulto y los otros son señalados.