La Comisión de Ética Judicial del considera lícita la asistencia de jueces a las "concentraciones contra actuaciones políticas si consideran en peligro el Estado de derecho y la independencia de la Justicia", según recogen en un dictamen. Es decir, que no ven que las manifestaciones de algunos jueces en contra de la amnistía sean incompatibles con la ética judicial. La Comisión considera que la asistencia a este tipo de actos se ajusta a los Principios de Ética Judicial, siempre que se dé una condición: que haya en el juez o jueza "un honesto, meditado y sincero convencimiento" que la actuación objeto de repulsa "pueda afectar el Estado de derecho".
La Comisión reconoce los derechos de los jueces y las juezas a manifestar su opinión, derecho que apunta que se encuentra recogido en la constitución. Sin embargo, añade un pero: considera el poder "limitado o afectado" por las exigencias especiales que derivan de la función jurisdiccional. A pesar de reconocer que expresar una opinión siendo juez tiene sus limitaciones, el dictamen también recoge que corresponde a cada juez, de manera individual, valorar la conducta y adecuarla a los principios éticos.
La obligación de defender el Estado de derecho
A los parámetros a tener en cuenta para que un juez manifieste su opinión, además del deber de neutralidad política y el compromiso de mantener la confianza en la independencia e imparcialidad judicial, la Comisión suma uno más: la obligación de defender activamente los principios rectores del Estado de derecho si están amenazados. La Comisión señala al respecto que corresponde a cada miembro del Poder Judicial resolver este dilema ético y, mediante una reflexión profunda, serena, sincera y alejada de sesgos políticos.
"Decidir si su asistencia a la reunión está motivada por el cumplimiento de su deber ético de mostrar su reprobación a actos que, según su criterio, pudieran atentar contra el estado de derecho o si, por el contrario, su decisión se deja llevar por la propia y personal sintonía o antipatía con una ideología política, sea del signo que sea", recoge el dictamen.
Este dictamen tiene lugar después de que el noviembre pasado, profesionales de la Justicia como jueces, fiscales, abogados, procuradores y letrados de la Administración, entre otros, protagonizaran concentraciones en varias provincias del Estado español contra la ley de amnistía, pactada por el PSOE con los partidos independentistas, para mostrar preocupación por si afecta a la independencia del Poder Judicial.