Tan solo con el cambio en las condiciones climatológicas —bajadas de la temperatura y rachas de viento mucho más suaves— parece que va a ser posible controlar los incendios que durante varias semanas han asolado principalmente Galicia, Castilla-León y Extremadura, aunque también los fuegos han llegado a Asturias, Madrid y Andalucía. Desaparecido el debate sobre un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación de la emergencia climática, que Pedro Sánchez propuso inopinadamente el lunes en Ourense, en su primera aparición pública, interrumpiendo sus vacaciones en Lanzarote, el guion político ha derivado hacia un bochornoso cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP, y el judicial, que siempre hay que seguir casi con mayor interés que el político, hacia la investigación abierta por el fiscal de Medio Ambiente para conocer los programas de los ayuntamientos que han resultado afectados por los fuegos.

Después de que en España hayan ardido alrededor de 400.000 hectáreas en los meses que llevamos de 2025, el fiscal general de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha abierto una línea de investigación que, sin duda, va a ser jugosa: ¿los ayuntamientos más afectados por los incendios habían cumplido la ley de Montes de 2003 que obliga a tener planes de prevención? Y si eso no es así, ¿esta ausencia ha podido incidir negativamente en la situación que se está viviendo este mes de agosto? Me apresuro a contestar positivamente las dos preguntas: más de uno tendrá el plan de prevención incompleto o no lo habrá llegado a finalizar y, como es normal, las consecuencias han sido negativas.

Es normal que el PSOE y el PP se sientan incómodos con el malestar de la gente y traten de derivar hacia el contrario las responsabilidades. Pero de eso a insultarse para tratar de tapar sus miserias hay un abismo

También se les habría podido preguntar cuáles son las partidas económicas que destinan a la limpieza de bosques, que es siempre una de las preocupaciones de los payeses. Limpiar los bosques fuera de la temporada estival, poner a punto los cortafuegos y evitar el crecimiento de la masa forestal ante el implacable abandono del campo. Un diario de Madrid publicaba este jueves unos datos muy preocupantes: el Estado y las comunidades autónomas invierten un 50% menos en prevención de incendios que hace trece años. La partida ha pasado de 364 millones a 175 y la de mantenimiento forestal de 1.742 millones en 2009 a 1.295 en 2022, el último año del que se tienen datos. Pero hay más: España solo ha destinado 170 millones del mecanismo europeo a la gestión de catástrofes, frente a los 634 de Portugal y los 640 de Grecia.

Es normal, en consecuencia, que el PSOE y el PP se sientan incómodos con el malestar de la gente y traten de derivar hacia el contrario las responsabilidades. Pero de eso a insultarse para tratar de tapar sus miserias hay un abismo. ¿A qué contribuye tildar de pirómana a la directora de Protección Civil como ha hecho el dirigente popular Elías Bendodo? Porque aquí han fallado todos y no han tenido los reflejos suficientes para calibrar la enorme dimensión del fuego que se les venía encima. No lo vieron en las autonomías, mayoritariamente gobernadas por el PP, y tampoco en el gobierno español. Todos han ido tarde por más que ahora se apele a la responsabilidad institucional para rebajar la tensión.